Páginas

jueves, 1 de agosto de 2013

Los retos de la Izquierda

Los retos de la izquierda
Mario Salvatierra Saru
31 de julio de 2013

           
            Si nos atenemos a su dimensión temporal, advertimos dos clases de crisis: una, a medio-largo plazo: la crisis sistémica del capitalismo tardío (el salto del modelo fordista-keynesiano al nuevo capitalismo financiero de casino y, a la par, la lúgubre perspectiva del calentamiento planetario adobada con el agotamiento ecológico-energético); otra, a corto plazo: la llegada de la "gran desigualdad". Ninguna de las dos encuentra en su camino una respuesta certera por parte de la izquierda. En cambio, la contundencia de la ortodoxia neoliberal desembucha día a día la verdadera misión de su catequesis: adoctrinar a una población desolada en que "no hay otra salida". Así de categórico se manifiesta, por ejemplo, Juergen Donges, asesor económico de Ángela Merkel, cuando sostiene que "en Europa debiéramos aprovechar la crisis para limpiar nuestras casas" (El País, 28/07/2013). La limpieza consiste, obviamente, en que durante este año los contribuyentes españoles aporten a fondo perdido a las cajas nacionalizadas la bicoca de 36.196 millones de euros, la tasa de desempleo aumente hasta alcanzar cotas intolerables, el incremento de la precariedad laboral sea el carburante de la productividad, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones la carcoma del sistema, etc.,etc. Y, mientras tanto, una izquierda que desespera en la protesta y declina en las propuestas.

            A lo anterior, hemos de añadirle que el principal lubricante de nuestra edad dorada de crecimiento económico fue la corrupción. De golpe y porrazo, hemos constatado que el funcionamiento de nuestra economía de mercado no se debía únicamente a la libre competencia sino fundamentalmente al engrase de la corrupción. Siempre fue así pero esta vez se ha vuelto evidente para todos. Capitalismo y corrupción engarzan el cordón del "progreso económico".

            Un analista puede conformarse con la descripción del diagnóstico; sin embargo, un político, no: tiene que ofrecer salidas. Es más, no puede afirmar que la crisis es irremediable porque la política es la antítesis de la fatalidad y no trata con dilemas irresolubles sino con problemas que tienen solución. Por otra parte, hay algo seguro: desde sus orígenes el capitalismo ha resuelto sus crisis (contradicciones) siempre por el mismo lado: la competencia por la acumulación del beneficio aunque sea a costa de sacrificar a gran parte de la población.

            Si ahora nos centramos en la particularidad española, además de padecer una crisis económica aguda, galopamos sobre los temblores de la unidad territorial y la pendiente de la continuidad de la monarquía. Estos dos últimos problemas son específicos de España y, por tanto, están a nuestro alcance arreglarlos.

            Respecto a la estructura territorial del Estado, pienso que la izquierda, en sus diversas vertientes, debe combatir al nacionalismo excluyente y secesionista, no sólo porque la vía independentista enmascara la fragmentación social que está propiciando el modelo económico neoliberal, sino también porque los postulados del nacionalismo se hacen trizas ante los retos de la globalización. La vía nacionalista es emoción identitaria para hoy y hambre para mañana. España es un Estado-nación plural, es decir, un Estado compuesto por distintas naciones culturales que exigen un claro reconocimiento de sus hechos diferenciales. Es perfectamente asumible mantener que España es un Estado plurinacional sin por ello pretender que las naciones culturales tengan que convertirse necesariamente en Estados. El paso de la nación cultural a la nación política, según los nacionalistas, implica la constitución de un Estado. El Estado plurinacional no es de suyo una pluralidad de Estados. ¿Acaso es un oxímoron un Estado compuesto por varias naciones? Es una contrariedad porque complica las cosas pero no es una contradicción porque se puede resolver. Depende de la voluntad política.

            Para los nacionalistas es ineludible que a cada Estado ha de corresponderle una única nación y a cada nación un Estado único. En cambio, para la izquierda no es contradictorio afirmar que España es una nación de naciones siempre y cuando no confundamos este concepto con el modelo pluriestatal. España no es ni ha sido nunca una conjunción de Estados ni tampoco una confederación de Estados. Frente a la apuesta de los nacionalismos, sea periférico o españolista, la izquierda tiene que fomentar la salida federalista. Y dada la diversidad de los pueblos que componen España hay que distinguir el federalismo uninacional, como son los casos de EE.UU. y Alemania, del federalismo plurinacional. En consecuencia, un Estado plurinacional no es igual a pluriestatal y una nación de naciones no es lo mismo que una confederación de naciones. Si queremos impedir que la fractura identitaria acabe en un choque frontal entre nacionalismos irreconciliables, entonces tendremos que convenir que el proyecto del federalismo plurinacional, si bien no es la panacea de todos los males, es el que mejor se ajusta a la realidad española. Sólo una izquierda sumisa al nacionalismo frustra, por una parte, el reconocimiento de la diversidad nacional dentro de la frontera interior de España y, por otra, elude la confrontación dialéctica con la corriente independentista. En el primer caso, nos encontramos con una izquierda dócil ante los planteamientos del nacionalismo españolista y, en el segundo, con una izquierda subordinada a los nacionalismos periféricos. Desgraciadamente, ambas posiciones se prestan a poner en segundo plano el verdadero problema nacional: el progresivo aumento de la desigualdad interterritorial y la creciente fractura social intraterritorial.

            El unionismo catalanista, vasquista o españolista forman parte del problema y no de la solución. A estos diversos modos de unionismo tenemos que contraponerle el federalismo. El problema reside en que en las filas de la izquierda no ha cuajado la idea de España como nación de naciones. Cataluña, Galicia y Euskadi no son sólo regiones, son algo más que una mera delimitación territorial. Tienen voluntad de ser nación y, desde el punto de vista político, reúnen las características para serlo. ¿Por qué negar lo que es un hecho? La negación alimenta al nacionalismo, lo fortalece. Incrementa el víctimismo nacionalista hasta el extremo de generar un sentimiento de rechazo y de fijar como remedio la constitución de un Estado propio, es decir, independiente. Para salir de esta espiral perniciosa es indispensable aceptar el derecho a la diferencia, con todo lo que ello implica. Pero siempre dejando claro que el derecho a la diferencia jamás puede ser equivalente a diferencia de derechos. Nada atenta tanto contra la equidad como el privilegio, pues donde acampan privilegios mora la injusticia. Por todo ello, si realmente queremos erradicar del suelo español los agravios territoriales, tendremos que revisar los mecanismos de negociación del cupo vasco y del convenio económico navarro. No cabe la menor duda de que la foralidad otorga al País Vasco y a Navarra un muy ventajoso régimen de financiación con relación al resto de las comunidades autónomas. A estas alturas ya no puede funcionar el chantaje de los nacionalistas vascos en virtud del cual vienen a decir: "Estamos en España porque habéis aceptado el Concierto y lo que del mismo se deriva. Si se modifican las condiciones, entonces rompemos la baraja".

            Precisemos. Desde una posición federalista la revisión del cupo y del convenio no quiere decir la anulación de la Disposición adicional primera de nuestra Carta Magna según la cual "la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales", sino de lo que se trata es que tanto Euskadi como Navarra, en virtud de su especificidad histórica, no obtengan privilegios económicos y, en consecuencia, contribuyan a la solidaridad interterritorial como cualquier otra comunidad autónoma. Lo cual es perfectamente compatible con el Concierto. Únicamente hay que introducir en la negociación del cupo y del convenio las correcciones pertinentes para que Euskadi y Navarra no obtengan ventajas respecto al resto de las comunidades. De esta manera no daremos pie a que ni el víctimismo ni el egoísmo ventajista forjen sentimientos de antipatía entre los españoles y a que la monserga nacionalista recabe crédito popular. Una vez corregidas las anomalías de las reglas de negociación del Cupo vasco y del Convenio navarro, el nacionalismo catalán estará obligado a mermar el azote independentista. El seny (sensatez) se impondrá a la rauxa (arrebato).

            El declive de la monarquía borbónica es imparable. Ni la revista Hola puede legitimar las últimas peripecias del Monarca en África, sus aventuras amorosas y menos aún puede justificar el portentoso enriquecimiento de su yerno Iñaki Urdangarin y la soterrada complicidad de su hija Cristina. Si no toleramos los privilegios territoriales, ¿cómo vamos a admitir los privilegios de una familia? El artículo 56. 3. ("La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad") es insostenible en una democracia que aspira a que el valor de la igualdad sea el nexo central que garantice la neutralidad e imparcialidad de los poderes públicos. El hecho de que los actos del Rey tengan que estar refrendados, en última instancia, por el Presidente del Gobierno (Artículo 64. 1.) no es sino doblegar el poder Ejecutivo, elegido democráticamente, a una instancia superior cuya única fuente de legitimación es la herencia. Por mucho que Juan Carlos I de Borbón se haya ocupado de que la democracia española no descarrilara en el golpe del 23 de febrero de 1981, ello no justifica la continuidad de la monarquía. La noción de "dinastía" es una antigualla de siglos pasados.

            Ahora bien, suponer que la República solventará por sí misma las costosas consecuencias de la actual crisis económica es mucho imaginar. El ascenso de la República no es sino rebajar un peldaño menos, desde la estricta formalidad política, el dominio de los privilegios. El verdadero flajelo social es el imperio de la desregularización económica, la globalización del capital financiero sin ninguna clase de control político. Ello provoca, por ejemplo, que el Capítulo III del Título I de nuestra Carta Magna, el cual desarrolla los principios rectores de nuestra economía social de merado, se evapore en una palabrería fatua digna de una chirigota gaditana. No hay libertad humana sin un control político de la economía.

            Pero he aquí una cuestión radical: políticas (y políticos) que renuncian a intervenir en la esfera económica como si ésta, por sí misma, salvaguardara los derechos económicos y sociales de los trabajadores. No hay derecho que no sea fruto de una lucha. La fuente histórica del derecho es la fuerza y la garantía del mismo también es la fuerza. No hay derecho caído del cielo como tampoco el imperio del derecho se sostiene sin una fuerza. Por consiguiente, la amenaza de la pérdida de derechos tiene que encontrar una resistencia proporcional a la fuerza que pretende derrumbarlos. Esta es la "contundencia" que le falta a la izquierda y, por tanto, para contrarrestar el implacable vigor del neoliberalismo, tiene que centrar su energía en el combate por la justicia social. No nos despistemos: nuestra causa es la igualdad y la emancipación de la clase trabajadora, habite ésta donde habite.

            ¿Compartirán estas premisas los socialdemócratas del Norte de Europa? ¿O tratarán de esquivar la argumentación a través de la osada artimaña de responsabilizarnos de nuestras propias desgracias? Ya lo han hecho con Grecia, Portugal y Chipre, ¿por qué no con nosotros? Una socialdemocracia incapaz de superar los egoísmos nacionales, que en definitiva responden a los intereses de sus respectivas burguesías territoriales, ha perdido su sentido global para terminar columpiándose en la placidez de la dulce barbarie: "sálvese quien pueda". Si la socialdemocracia no quiere perder su razón de ser, esta vez sí tiene que saltar sobre sus fronteras nacionales. Y otro tanto ocurre con los sindicatos de clase europeos. Preservar lo poco que nos queda dentro de nuestras fronteras nacionales cuando el ataque es global no es sino alistarse al ejército de la derrota, pues a medio y largo plazo acabaremos cautivos en el presidio de la barbarie. Y esta vez sin matices.


            El reto de la izquierda, sea española o europea, consiste en no dejarse atrapar por la antorcha de los nacionalismos. La luz de esa antorcha puede ser fuerte o débil, pero nunca suplirá la luz solar: el hombre del hombre es hermano...

viernes, 12 de julio de 2013

SOBRE LA OPORTUNIDAD DE UNA MOCIÓN DE CENSURA


 Esteban Villarejo
                                                                                                                            
Si los datos de los últimos “Papeles Bárcenas” son ciertos, la plana  mayor del PP queda gravemente descalificada, pues se demostraría que ha estado cobrando unos sobresueldos prohibidos por la legislación, y a lo que parece defraudando groseramente a Hacienda. Se están pidiendo comparecencias, sobre todo en el Congreso, pero el PP se ampara en su mayoría parlamentaria para evitarlas.
El caso es que, como se está recordando, existe un medio de gran potencialidad para obligar al PP a dar la cara, y a soportar una confrontación que podría resultar demoledora para ese Partido. Se trata de una moción de censura, de acuerdo con los arts. 113 y 114 de la Constitución. Es claro que la mayoría parlamentaria del PP impide que prevalezca, pero podría servir para descalificar al PP ante la opinión pública, y sobre todo para acreditar al PSOE. Ahora bien, para que sucediera esto segundo, sería necesario que el PSOE demostrara ser una alternativa de Gobierno digna de crédito. Existe el riesgo de que la moción de censura desgaste no sólo al que la sufre directamente, sino también al que la presenta.
Para que la moción de censura consiguiera verdadero éxito, sería necesario asegurar cuatro objetivos, o en otro sentido cuatro requisitos. Si uno solo de ellos resulta dudoso, parece preferible no intentarlo.
El primero de esos requisitos es que el PSOE sea capaz de proponer una verdadera alternativa política, al tiempo que argumenta la descalificación de la alternativa en juego. En la Constitución española, la moción de censura ha de ser “constructiva”; es decir, exige la propuesta de un candidato para presidente de Gobierno, y por tanto obliga a tener una alternativa. Por otra parte, la opinión pública española está cansada del cruce continuo de  descalificaciones entre los partidos, y la falta de propuestas positivas y sólidas. Por tanto, el PSOE ha de convencer de que tiene altermatva.
El segundo de los objetivos a conseguir, es que, en la presentación y argumentación de la moción de censura, el PSOE demuestre altura política, y para ello parlamentaria. No basta con esgrimir argumentos correctos, y con que las diputadas y diputados que hablen sean asimismo aceptables, como sucede con la plana mayor del PSOE en estos momentos. Es necesario que los parlamentos que se pronuncien, o al menos los más importantes, sean brillantes, aunque los diputados que los expongan sean poco conocidos. Por ejemplo, si se desea promocionar a Eduardo Madina, puede ser oportuno que se aproveche la ocasión.
En tercer lugar, es seguro que el PP aprovecharía los debates para contraatacar al PSOE, mostrando sus propios escándalos y lo insatisfactorio de su etapa última de Gobierno. Por tanto, es necesario convencer a los españoles de que esos errores forman parte del pasado, y se han puesto los medios para que no se repitan. El escándalo de los EREs de Andalucía es grave y vergonzoso; además, no se han pagado plenamente sus responsabilidades políticas. Pues bien, es necesario pasar verdaderamente página. En cuanto a la política económica del último gobierno PSOE, es también necesario demostrar que el Partido ha encontrado una verdadera reorientación, y está relevando a las personas encargadas de pilotar el Partido.  
El cuarto requisito es muy distinto a los anteriores. El PP tiene dos grandes facciones: la populista es totalmente insatisfactoria, pero la liberal es un verdadero horror. Una moción de censura castigaría duramente a la primera, y es necesario asegurar que lo haría mucho más con la segunda. La facción liberal está maniobrando de manera muy hábil en los últimos tiempos, y se está presentando internamente como  alternativa frente a la populista, cuando es mucho más corrupta y destructiva para la política española. Es necesario a toda costa que una moción de censura ponga de manifiesto sus insuficiencias en toda su gravedad.

                                                                          


miércoles, 19 de junio de 2013

Otra agenda para el empleo es necesaria

La “agenda política” de nuestro país, protagonizada desde hace meses por los socialistas, trata de dar prioridad a un Pacto con el Gobierno del PP para “presionar” conjuntamente ante la próxima Cumbre de la UE (27 y 28 de Junio) para que la UE reoriente su política de austeridad y conseguir mayores recursos económicos para España: Estímulos y financiación para las PYMES; Plan de Empleo Juvenil (“Garantía Juvenil”)… además de mayor seguridad para el Sistema Financiero Europeo (acelerando la Unión Bancaria). A ello se vienen dedicando múltiples reuniones PP-PSOE (aquí y en París, Bruselas…) con discutibles resultados políticos, dada la “carrera de protagonismo mediático” que ambos partidos pretenden. Por ejemplo la reunión sobre empleo juvenil  entre Ministros de Economía y Empleo (Alemania, Italia, Francia y España), del pasado 15 de Junio en Roma, no han dado los resultados esperados, “frustrante cumbre”, según Joaquín Estefanía (EL PAIS, 17 junio de 2013).
Por otra parte, el Pacto de Crecimiento y Empleo para 2012-13 de la UE, si lo revisamos a fondo, prácticamente está en la misma situación que se aprobó en la anterior Cumbre de Junio 2012. Bastaría con retomarlo con verdadera voluntad política para salir del actual “agujero de recesión y paro”. Demuestra la parálisis de la Comisión, subordinada a la “hegemonía alemana”, con recomendaciones permanentes a los “países del Sur” en la línea de los recortes sociales y de las reformas neoliberales que tratan de “adelgazar” el Estado de Bienestar, alejándonos cada día más del “modelo (patrimonio) social europeo” que tanto ha costado construir a las generaciones pasadas.
Se trataría de poner fin a las políticas de ajuste que, después de tres años de fuertes recortes sociales, bajos salarios…, solo han producido recesión (desempleo), desigualdad y más pobreza. En nuestro país, el desempleo es histórico; el déficit sigue sin bajar sustancialmente; aumenta la deuda… Pero, ¿se pretende apostar por un cambio de modelo productivo que permita poner fin a la competitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias? ¿Se trata de una verdadera actitud de cambio de políticas (tambien nacional) o una acción “limitada” a conseguir más recursos de la UE?
Por el contrario, frente a esta “agenda de connivencia” (por diferentes razones internas, tanto para Rubalcaba como para Rajoy), el PSOE y la Izquierda Plural deberían concentrar sus fuerzas ante los Socialistas Europeos (PSE) y otros partidos progresistas europeos. Se debería realizar una verdadera ofensiva política, con alternativas a la fracasada política de austeridad de la UE y retomando las políticas de estímulos al crecimiento, a la creación de empleo (relanzando un “Plan “Marshall” para Europa, como pide la CES); a acelerar las reformas necesarias ante el BCE/BEI para que fluya el crédito, se consolide la Unión Bancaria y se avance de forma decidida hacia la unión económica y fiscal (incluida la eliminación de los Paraísos Fiscales y la implantación del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF); además de un Plan contra la Pobreza y la exclusión social, entre otras medidas.
Este proceso no sólo acumularía más fuerzas (Partidos Progresistas, Sindicatos, Parlamento Europeo…) ante la actual deriva neoliberal de la Comisión, sino que actuaría al interior de los “países del Norte” (más allá del “paternalismo culpable” reciente de Alemania) como elemento político de debate/denuncia del modelo de UE, segmentado, desequilibrado, que se está consolidando, cada vez más alejado del que la mayoría de europeos aspiramos, después de una larga historia de guerras y desencuentros. Además, se ganaría en credibilidad y legitimidad ante el próximo proceso de Elecciones Europeas (Mayo 2014).
Pero, sobre todo, se debe proceder en España, de forma coherente con el “cambio de rumbo” en la política económica y social que se demanda de las instituciones comunitarias (que hasta el propio Rajoy/PP van asumiendo “disimuladamente”), a una urgente reactivación de la economía (“Plan de Choque”), abandonando las políticas de austeridad y antisociales practicadas, en torno a las diferentes alternativas que concitan “consenso” político y social, especialmente la propuesta realizada por UGT y CCOO a Rajoy el pasado 16 de mayo: Canalización urgente del crédito hacia las PYMES y la economía productiva a través de los Bancos/Cajas nacionalizadas, además del ICO que debe actuar con mayor eficacia; apostar por la I+D+i; recuperar y rediseñar las políticas Activas de Empleo abandonadas; fortalecer la Formación Profesional que viene funcionando en torno a nuestro Sistema Nacional de Cualificaciones, pensando no sólo en el paro juvenil más dramático (en torno a 900.000 jóvenes), sino también antes el paro de larga duración de mayores de 45 años (más de dos millones de personas);reconocimiento de la experiencia profesional; Escuelas Taller y Casas de Oficios (formación dual) a jóvenes “ni-ni”… además de un Plan contra la Pobreza y la exclusión social: niños, personas mayores, emigrantes…
Actuar de forma decidida con “otra agenda” (con otras políticas y otro escenario con otros actores) conllevaría apoyar en el Parlamento lo que es un clamor en la calle: poner el empleo de calidad como principal preocupación de forma que se evite que nuestro país, además del deterioro económico, se consolide el deterioro social que nos sitúe ante un “bloqueo” institucional, generacional y político que prolongaría la desesperanza y el sufrimiento de nuestros ciudadanos de hoy y, sobre todo, de nuestras generaciones venideras.

sábado, 1 de junio de 2013

EL SOCIALISTA HAMLETIANO

José Antonio Pérez Tapias*
  Hay militancia socialista, existe, y contempla con desazón la deriva de un PSOE que muchos ciudadanos ven naufragar. Entre liderazgos que no lo son por el mero hecho de pretenderlo quien ocupa un cargo y propuestas que, aun siendo razonables, carecen de un marco que las muestre insertas en un proyecto creíble, no se acaba de vislumbrar el camino del socialismo español para presentarse como partido capaz de las transformaciones que necesita nuestra realidad. El baluarte que representa el gobierno de coalición de la Junta de Andalucía ofrece, sin merma de sus méritos, más imagen de resistencia que de potencia de cambio. Un declive al modo del PASOK en Grecia no es hipótesis inverosímil. Su plausibilidad la hacen más consciente militantes de a pie, inmersos en las redes de su vida cotidiana, que aquéllos que por su cargo se ven obligados a edulcorar la imagen propia.
   Las bases socialistas, en su mayoría, saben que el PSOE se halla ante una alternativa tan crucial como la de Hamlet: “ser o no ser”. Es la shakespeariana cuestión planteada y, como el príncipe de Dinamarca, hay que decidir entre sufrir pasivamente “los golpes de la Fortuna” o  hacer frente a “todo un piélago de calamidades” hasta acabar con ellas. Decidir por lo segundo implica reconstrucción del proyecto político, hoy por hoy extraviado en un “tiempo líquido” que ni Bauman imaginó como el de la abrasadora lava del volcán capitalista que nos está destruyendo. Pero reconstruir proyecto supone también repensar la organización: el socialista hamletiano es también el partido en su conjunto, que tiene que resolver su ser o no ser en el futuro.
   Nacido como partido de trabajadores, el PSOE debe dilucidar cómo ser partido de ciudadanos –no sólo para ellos-. Eso significa apertura, participación, otros procedimientos para decidir y nuevas estructuras organizativas. Hay que responder a Robert Michels desmontando las élites oligárquicas que bloquean la democracia interna, como hay que hacer honor a Montesquieu llevando la división de poderes al seno del partido. Primarias, elección directa de Secretario General, articulación de la pluralidad interna…, son cuestiones ineludibles. Incluso habrá que ahuyentar el temor a la posible bicefalia en un partido que necesita formas de liderazgo en consonancia con las exigencias democráticas de la ciudadanía. Responder a ellas es condición para “ser”.
*José Antonio Pérez Tapias, es catedratico de la Universidad de Granada y portavoz Federal de Izquierda Socialista-PSOE*

(Publicado en el diario Granada Hoy el 23 de mayo de 2013)

miércoles, 29 de mayo de 2013

La educación que queremos


Mario Salvatierra  27 de mayo de 2013

En estos momentos el PP ha llevado al congreso de los diputados un nuevo proyecto de ley educativa, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En la segunda legislatura de Aznar, también la derecha española promulgó una Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Si antes hablaban a secas de "calidad" de la educación, como si tal cualidad no existiera en el sistema educativo o estuviera absolutamente en último plano, ahora hablan de "mejora" de la calidad, es decir, reconocen que hay "algo" de calidad pero que hay que mejorarla. En resumen, el PP parte de la idea de que los proyectos socialistas (sea con la LOGSE, sea con la LOE) han desatendido los valores del mérito y del esfuerzo. Dos son las razones, según ellos, que avalan sus estimaciones: una, que los Informes PISA nos alertan de la mediocridad del propio sistema educativo español dado sus bajos resultados respecto a los indicadores europeos y, otra, que las elevadas cifras de repetidores, fracaso y abandono escolar nos obligan a dar un cambio de rumbo. Dicho en términos políticos, que la preeminencia del valor de la igualdad de los socialistas ha resultado nefasto para la calidad de la educación. Así como la promoción de la sanidad universal y gratuita ha derivado en un empeoramiento en la calidad de los servicios sanitarios, la extensión de la educación obligatoria, según ellos, ha promovido una merma de la calidad educativa. En el fondo, subyace el convencimiento de que el precio a pagar por la equidad es renunciar a la calidad y de que si queremos garantizar realmente la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, entonces prescindimos del valor del esfuerzo.

La educación es un derecho y, como tal, tiene que garantizarse a todos los ciudadanos. ¿Ha sido o no un logro de la LOGSE implantar la educación obligatoria hasta los 16 años?. Antes los chicos y las chicas podían abandonar la escuela a los 14 años de edad, es decir, ni el BUP ni el COU eran etapas obligatorias. En consecuencia, en estas etapas educativas las aulas eran menos numerosas, el alumnado más homogéneo y, en la mayoría de los casos, ambas etapas eran comprendidas como un medio para acceder a la universidad ya que la formación profesional carecía de un amplio reconocimiento social. Reflejo de estas circunstancias era que en la F.P. no existían oposiciones al cuerpo de "catedráticos" en el personal docente.

A partir de la LOGSE la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y ello significa que, por un lado, la mayor extensión de la escolaridad ofrece más probabilidades de riesgo de fracaso escolar (estudiantes que no consiguen obtener el título de la ESO) y, por otro, que el criterio de promoción escolar no puede ser totalmente selectivo y meritocrático. Ello no quiere decir que, por principio, el progreso escolar fuese ajeno a la calidad de la enseñanza, sino que si establecemos la "obligatoriedad" nadie puede quedarse "fuera" del sistema educativo. Las enseñanzas obligatorias requieren un modelo educativo inclusivo y no excluyente en el que todos los alumnos, aunque partan de unas condiciones iniciales desiguales, puedan llegar poseer las mismas competencias académicas básicas. Los objetivos de las enseñanzas obligatorias no pueden ser los mismos que los de las no obligatorias. En éstas juegan un papel esencial el mérito y la selección del alumnado. Precisamente por ser voluntarias el Estado no tiene la obligación de que nadie quede "fuera". La no obligatoriedad resalta una característica primordial de esta etapa educativa: es el alumnado quien "decide" continuar con un estudio de grado superior y, por tanto, hay un depósito en ellos/as de mayor "responsabilidad" sobre sus resultados académicos y una mayor "competencia académica" según las evaluaciones anuales. Es decir, los valores del mérito y de selección cobran mucho más peso en las etapas post-obligatorias.

La confusión se origina cuando inicuamente se mezclan los principios que deben guiar la enseñanza obligatoria con los de la no obligatoria y perversamente se quieren aplicar éstos en las enseñanzas básicas. El modelo educativo en las etapas obligatorias no debe ni puede ser aristocrático. El Estado tiene que garantizar un modelo de escuela para todos, no solo para los mejores. Por ello es un dislate pedagógico pretender separar a los alumnos en edades tan tempranas según sean sus resultados en las evaluaciones. La obsesión por las evaluaciones no es sino la obsesión por la segregación.

La educación obligatoria es un valor en sí, no es un valor meramente instrumental: que sirve para otra cosa. Y si es un valor en sí, entonces el sistema educativo básico no debe beneficiar a unos más que a otros. Es un derecho igual para todos, no un bien para unos pocos y, por consiguiente, introducir el modelo de mercado en esta esfera educativa constituye una verdadera aberración. Si en esta etapa educativa introducimos el modelo de competencia del mercado, entonces los centros se articularán esencialmente según criterios económicos, donde inexorablemente habrá unos ganadores y otros perdedores. Como en el mercado no todos tenemos las mismas posibilidades de comprar el mismo producto por el mismo precio, tampoco habrá las mismas posibilidades materiales de elección de centros. A unos irán los más ricos y listos y a otros, que serán mayoría, los más pobres y con menos bagaje cultural. De manera que en vez de compensar las desventajas económicas, sociales y culturales, la escuela servirá para acentuar aún más la brecha social. Y en lugar de garantizar realmente la igualdad de oportunidades y la libertad de elección de los padres, los centros educativos se transformarán en una oportunidad para la desigualdad y en agencias de reproducción del estatus social.

Si queremos que la escuela sea verdaderamente equitativa, hemos de erradicar el concepto de competencia económica de la institución educativa. Una escuela equitativa nos exige tratar de un modo igual a los iguales y de un modo desigual a los desiguales. La mejora de la calidad en la educación no debe pasar ni por reducir el período de escolarización obligatoria, ni por establecer un ranking entre centros, ni por la segregación del alumnado creando itinerarios en edades tan tempranas, ni por la dualizar las aulas de un mismo centro entre alumnos listos y torpes y menos todavía por aplicar los criterios de promoción y selección de las enseñanzas post-obligatorias en las obligatorias.

La mejora de la calidad en la educación se articula mediante una atención específica a la diversidad, la educación compensatoria, los desdobles, las clases de refuerzo, etc. Y para ello es innecesario implantar un mecanismo de evaluaciones como el programado en la LOMCE, sino que es mucho más relevante diseñar el curriculo teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Asimismo, es mucho más importante centrarse en corregir los vicios implícitos producidos por la constitución de una doble red de centros que enfocar el tema desde la perspectiva de la "eficiencia". Es hora de que las instituciones públicas enfaticen el carácter "subsidiario" de los centros concertados y de que éstos, a su vez, acaben por asumir la completa gratuidad de la enseñanza obligatoria y revisen cómo aplican de hecho los criterios de admisión de alumnos.

Por otra parte, la escuela es el ámbito de la ciencia, del saber racional y de la laicidad. La institución escolar no debe servir de instrumento a los distintos credos religiosos. Una cosa es la enseñanza de la religión y otra bien distinta es impartir clases de religión confesional. La fe no debe evaluarse, la fe es un don y como tal está más allá o más acá de cualquier evaluación. Lamentablemente, la Conferencia Episcopal Española durante todos estos años ha mantenido una absoluta intransigencia con el valor de la laicidad y difícilmente una institución que no acaba de aceptar la realidad social del proceso de secularización puede asimilar que el ámbito del credo religioso no es la escuela. En definitiva, una vez más comprobamos que la LOMCE pone en manifiesto que el fracaso de todo intento de consenso en la educación está íntimamente ligado al papel que ha jugado la Iglesia Católica española. El fundamentalismo de la fe impide que podamos abordar el papel de la laicidad en la escuela y la extensión de la escuela confesional concertada constantemente cuestiona el ideario de libertad de cátedra. Ambas circunstancias nos exigen que volvamos a reflexionar cuál es el papel del Estado en la educación. Es tiempo de defender el papel prioritario del Estado en la escuela, de conjugar calidad y equidad en la educación obligatoria sin que ello signifique segregar al alumnado por sus condiciones sociales, económicas, culturales e intelectuales y, sobre todo, que los valores democráticos vertebren la gestión de los centros y los de racionalidad, laicidad y exigencia científica articulen los criterios académicos. 

 A su vez, nada de ello es posible si no se cuenta con la implicación de los docentes. Es imprescindible y urgente elaborar un Estatuto del Docente porque, de lo contrario, su función profesional queda al albur de las apreciaciones o depreciaciones de turno y sujeta a cuantas manipulaciones valorativas se quieran hacer de ella.

lunes, 6 de mayo de 2013

LA NECESARIA UNIDAD DE LA IZQUIERDA


 Juan Antonio Barrio  (artículo publicado en El Siglo nº 1017)

Vivimos tiempos de desafección hacia la política y hacia los partidos políticos. La crisis económica ha traído, entre otras consecuencias, la creciente idea de que los mercados lo pueden todo y la política nada. O, en todo caso, sólo cabría una resistencia y una protesta contra el “horror económico”, pero no una propuesta política como tal, al menos desde los partidos digamos “tradicionales” de la izquierda; en concreto PSOE e IU.

¿Se puede disentir de ese pesimismo generalizado? En mi opinión no sólo se puede, sino que se debe. Habría que responder a dos preguntas: una, ¿es posible superar en la práctica la escisión de 1921?, la escisión que condujo a dos familias ideológicas con trayectorias muy distintas, y en especial, en cuanto al papel de la democracia. En este sentido, la afirmación del socialismo como profundización continúa de la democracia parece difícilmente refutable hoy e día. En segundo lugar, ¿cabe establecer proyectos conjuntos de gobierno PSOE-IU? La experiencia de gobierno común en Andalucía parece permitir otra respuesta afirmativa. Porque además, en condiciones económicas más que difíciles confirman, también, que “otra forma de gobernar es posible”, que se puede gobernar en izquierda y desde la izquierda a favor de los trabajadores. Por ejemplo, con el decreto que permite expropiar casas a las entidades financieras durante tres años, o el decreto en marcha para adoptar medidas contra la exclusión social (aceleración de una renta básica, apoyo a cuidadores de dependientes, apoyo a las tres comidas en los centros escolares).

¿Se podría generalizar un gobierno así para toda España, si los resultados electorales lo permitieran? ¿Por qué no? 

La derecha rancia de siempre ya ha puesto el grito en el cielo y lo seguirá poniendo igual (cuando les interesa dice que IU se ha vendido al PSOE; otras veces al contrario, el PSOE sería la marca blanca de IU…).

No les hagamos caso. No les tengamos miedo. Ganémosles juntos. Antes y después de la elecciones. Antes: con el trabajo común, con el apoyo de los movimientos sociales, a las iniciativas unitarias desde la base, con la complicidad de los sindicatos… 

No soy un ingenuo, sé que no es fácil pero también que sólo así podremos construir no una casa común (probablemente ni siquiera sea conveniente), sino una unidad de acción en primer lugar y una causa común además.


Y aunque algunas alianzas previas a las elecciones puedan ser necesarias (¿tiene sentido mientras exista el Senado, tal y como lo tenemos, que no haya una candidatura común de la izquierda en la mayoría de las circunscripciones?, ¿por qué regalarle a la derecha mayorías fáciles?), me refiero sobre todo a la necesaria y hasta urgente cooperación posterior a las elecciones, lo cual obligaría a proyectos conjuntos, a utopías realizables, a propuestas comunes de cara a la profundización democrática (al diseño de una salida de la crisis que cambie las relaciones laborales en beneficio de la participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones, al contrario de lo que preconiza la actual reforma laboral, que no es sino la legalización del chantaje sistemático por parte de los empresarios), al avance de un Estado federal sin eludir la principal dificultad: la existencia de un sistema doble de financiación, o al diseño de una estrategia para avanzar en la laicidad del Estado, con la previa y necesaria denuncia del Concordato. Un acuerdo también para dar la batalla en Europa frente a la austeridad recesiva. Y para conseguir una democracia más participativa, y donde la relación representantes-representados cambie radicalmente. Un acuerdo abierto a otras fuerzas políticas de izquierdas en aquellas CCAA donde sea necesario. Las dificultades son muchas, pero la actual situación lo hace, en mi opinión, imprescindible. 

domingo, 5 de mayo de 2013

PRIMARIAS (2ª parte)

Mario Salvatierra   03/05/2013


 En mi anterior artículo señalaba el peligro de la deriva presidencialista. Aplicar la mecánica de las primarias para elegir al secretario/a general del PSOE sin establecer unos requisitos previos puede propiciar que, de hecho, no se articulen orgánicamente las distintas posiciones ideológicas representativas en el Partido. Decía que las primarias son necesarias para movilizar a la organización y fomentar la participación política pero que, en realidad, dicho método de elección no resuelve los problemas sustantivos de la democracia interna en el PSOE. La última etapa del período de Rodríguez Zapatero es el mejor exponente de lo que estoy afirmando.
El PSOE es un partido plural y tiene el deber de plasmar en su estructura orgánica esa pluralidad ideológica.No sólo queremos que militantes y afiliados participen como electores en un proceso de primarias abiertas, sino también queremos una democracia de mayor calado en la toma de decisiones. El PSOE es un partido plural y tiene el deber de plasmar en su estructura orgánica esa pluralidad ideológica. Ello supone un profundo cambio de cultura: el que gana no puede ganarlo todo y el que pierde no puede perderlo todo. Por tanto, el primer compromiso de cualquier candidato debería ser: "Si gano, me comprometo a enriquecer la democracia interna y respetar los distintos planteamientos ideológicos que hay en el seno del Partido".
Como observarán estoy hablando de un proceso de elección directa para elegir al secretario/a general. ¿Quiénes podrán participar? Sin duda, los afiliados y militantes que estén al corriente de pago. Además, tendríamos que considerar la posibilidad de que puedan ser electores los simpatizantes. En principio, es mucho más indicado que éstos participen en la elección a candidatos/as a las elecciones generales, autonómicas y municipales. No obstante, el Comité Federal tendría que ser el organismo que debata esta cuestión. En todo caso, si el Comité Federal aprobase que los simpatizantes también puedan ser electores, éstos deberían cumplir el siguiente requerimiento: por un lado, que aportaran un euro como mínimo para sufragar el coste del proceso electoral y, por otro, que firmaran una declaración pública en la que reconozcan los valores y el proyecto socialista.
¿Quiénes podrán ser candidatos/as a secretario/a general? Aquellos y aquellas compañeros/as que obtengan un aval de al menos el 15% de los miembros del Comité Federal (con un máximo del 20% de avales) o de al menos un 10% de los militantes y afiliados (con un máximo del 15% de avales). En caso de haber más de dos candidaturas, la elección se tendrá que producir mediante un sistema de doble vuelta. En estas circunstancias, se designará secretario o secretaria general el compañero/a que obtenga más del 50% de los votos en la primera vuelta y si ninguno obtiene este apoyo, entonces se celebrará una segunda vuelta al cabo de dos semanas. Sólo pasarán a la segunda vuelta aquellos/as aspirantes que hayan obtenido el mayor número de votos.
A efectos de garantizar la máxima pulcritud democrática e imparcialidad del proceso electoral deberá crearse un organismo ad hoc (llámese como se quiera) elegido entre los miembros del Comité Federal (siete compañeros/as, por ejemplo) con el fin de interpretar, aplicar y desarrollar el Reglamento de Primarias que fuera aprobado por el Comité Federal.
Hasta aquí el mecanismo de elección para secretario/a general. Sin embargo, quien gane, como dije, no debe ganarlo todo. Con el fin de asegurar una mayor democracia interna, pienso que quien vaya a liderar el partido tiene que hacer una Ejecutiva que plasme la pluralidad interna. Por ello, en mi opinión, lo correcto sería que las personas designadas por él o ella en la Comisión Ejecutiva nunca sobrepasen el 40% de la misma y el restante 60% sean elegidos conforme a la representación interna. Asimismo, para formar parte del 60% de dicha Ejecutiva se requerirá un mínimo del 15% de apoyo de los militantes y afiliados. De esta manera se garantizaría que las distintas posiciones ideológicas tuvieran representación en los órganos de toma de decisión y que éstos fuesen más abiertos, deliberativos y democráticos. En consecuencia, quienes vayan a formar parte de la Comisión Ejecutiva deberían subscribir públicamente la siguiente declaración: "Me comprometo a respetar las distintas posiciones ideológicas que se manifiesten en la Ejecutiva, a participar en los debates y, si fuera el caso, aceptar el resultado del voto mayoritario en las cuestiones planteadas".
Entiendo que dar un paso de este tipo no es fácil pero no es un salto en el vacío. Consiste en instituir un doble mecanismo de elección: por democracia directa se votaría al secretario general y por vía indirecta al resto de los cargos orgánicos. Las personas elegidas tendrían el mismo grado de legitimidad de origen. Creo que es una buena iniciativa para evitar los posibles hiperliderazgos, la pendiente presidencialista, dinamizar la vida interna del Partido e incentivar la participación ciudadana en la política. Es hora de recuperar el valor de la política, es tiempo de la democracia en los Partidos y de esforzarnos en prestigiar el pluralismo en la izquierda.


martes, 30 de abril de 2013

Primarias


Mario Salvatierra Saru  29 de abril de 2013

En junio de 1997, tras perder las elecciones generales el año anterior, Felipe González, para sorpresa de muchos, anunciaba que dejaba la secretaría general del PSOE. En ese XXXIV Congreso, Felipe González hizo caso, quizás por primera y única vez, a la corriente de opinión Izquierda Socialista. Su portavoz federal, Antonio García Santesmases, ante la hecatombe del último período de gobierno del PSOE, venía reclamando por entonces que la mejor manera de cerrar la crisis interna y de afrontar la nueva etapa del gobierno de José María Aznar era que Felipe González diera un paso atrás. El líder lo entendió pero lo que no supo valorar fue las consecuencias que tendría designar directamente al nuevo secretario general. Joaquín Almunia era portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados y fiel ariete del felipismo frente a Alfonso Guerra, la verdadera pieza a batir en aquel Congreso. No hemos de olvidar que, desde que se perdieron las elecciones en marzo de 1996, el debate giraba en torno a si era posible que González continuara dirigiendo al PSOE pero sin Guerra. La dimisión de Felipe arrastró a la de Alfonso; sin embargo, el encumbramiento de Almunia como secretario general nació averiado. Los liderazgos no se heredan, se conquistan, decían los delegados.

Esta es la razón por la que se afirmaba que Almunia carecía de legitimidad de origen. Mayoritariamente las bases hubieran aceptado con cierto sosiego que ese cargo lo ocupase Javier Solana pero sus compromisos con Will Clinton le impedían abandonar la secretaría general de la OTAN. No obstante, la noche anterior de ser nombrado Almunia, muchos delegados propusieron que Josep Borrell -por cierto, nunca visto como "catalán" dada su vocación jacobina- encabezase una alternativa. Se proponía que los delegados votaran entre Almunia o Borrell. Este es el germen de las primarias internas que, a decir verdad, no son propiamente primarias como tampoco lo fue el proceso de elección de José Luis Rodríguez Zapatero. La novedad consistía, sin embargo, en que no se proponían dos listas alternativas completas, sino que lo que se disputara fuera el liderazgo: el jefe de filas. En ese tiempo, todo sea dicho, resultaba inconcebible que el secretario general se eligiera con independencia de la Ejecutiva.

Aquella noche el intento fracasó pero cobró fuerza la cimiente: se demandaron primarias entre los militantes para elegir al candidato en las elecciones del año 2000. Izquierda Socialista siempre había criticado el modelo cesarista de Felipe González: un partido subordinado a la conciencia del líder. Asimismo, en muchas ocasiones había advertido del peligro que conlleva la vertiente presidencialista en un sistema que es parlamentario. El votante español no elige a un presidente como es el caso francés o norteamericano, sino que lo que votamos son listas para el Parlamento. Es importante tener en cuenta que ambos sistemas son opuestos e introducir la mecánica electoral de uno en el otro podría acarrear situaciones indeseables.

Todos sabemos cómo acabó el experimento de Borrell: el PSOE no tenía la tradición del PNV, la bicefalia fue imposible porque, en resumen, el aparato se negaba a perder cuotas de poder y, además, el medio de comunicación "amigo", El País, hizo cuanto pudo para que Borrell no llegase a la meta final. Almunia terminó siendo el candidato. Aquel proceso produjo, sin duda, una gran frustración y la querella interna se enquistó aún más. Después del batacazo electoral -no perdamos de vista que Almunia, para mayor incredulidad de las bases del PSOE, había formalizado un pacto con Francisco Frutos, líder de Izquierda Unida, con el fin de representar una futura coalición de gobierno-, presentó su dimisión sin previo aviso. Tuvo que hacerlo de ese modo porque, de lo contrario, el aparato lo habría impedido.

Una gestora se encargó de preparar el XXXV Congreso y finalmente los delegados concurrieron sabiendo que se presentaban cuatro candidaturas: José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero, Matilde Fernández y Rosa Díez. Aquí únicamente votaban los delegados para la secretaría general del PSOE, esto es, no hubo un proceso de primarias como ahora se reclama ni tampoco fue como en la elección del candidato a la presidencia del gobierno. Deseo significar una nota muy relevante: cuando se celebraron las primarias entre Borrell y Almunia muchos afiliados que habían dejado de pagar la cuota del Partido volvieron a las Agrupaciones para ponerse al día y no me equivoco si digo que también regresaron para cambiar las cosas y votar a Borrell. Aún hoy el aparato no ha digerido aquella píldora: la vuelta de las bases al Partido revelaba el increíble grado comatoso en se encontraba la organización. ¿Qué se quería? Algo muy sencillo: democracia interna.

En efecto, la elección de José Luis Rodríguez Zapatero marcó un primer esbozo de democracia interna. Sin embargo, tuvo un corolario perverso: "el que gana se lo lleva todo". Esto es, sus contrincantes quedaron reducidos a la insignificancia en la elección de la Ejecutiva. Tal vez se debió a que Bono, con ese inconmensurable aprecio que tiene de sí mismo, jugó al todo o nada. El hecho es que la democracia valió para la elección de candidatos pero posteriormente no para la toma de decisiones. Dicho de otra forma, la Ejecutiva era monolítica en torno al líder: no integraba en la toma de decisiones a las otras sensibilidades. Así pues, el Partido se deslizaba por una pendiente cada vez más presidencialista hasta que alcanzó su máxima cumbre cuando, del 9 al 10 de mayo de 2010, Rodríguez Zapatero, sin consultarlo con la organización ni con el grupo parlamentario, adoptó una serie de medidas que aún estamos pagando. ¿No hubiera sido más lógico que, al menos, hubiese convocado al grupo parlamentario para someter a debate semejante cambio de rumbo? Si no podía celebrarse un Comité Federal Extraordinario dada la urgencia de los hechos, ¿qué menos que reunir en el Congreso a los diputados y senadores con el fin de que valorasen el alcance de esas medidas? En suma, la mezcla entre el modelo presidencialista y la tenaza de la disciplina de partido provocó un mayor ahondamiento en el sentimiento de lejanía entre la cúpula y la militancia. Ya no era sólo que las bases no contaban sino también los propios cuadros del Partido.

Paradójicamente, en toda su trayectoria, Rodríguez Zapatero no había parado de hablar de las bondades de la "democracia deliberativa". ¡Menuda "deliberación"! A partir de ahí todo quedaba bien atado mediante el salvoconducto de la "responsabilidad". Comenzó a funcionar el engranaje diabólico de la responsabilidad: si disientes, eres un irresponsable porque das argumentos a la derecha y si, por el bien del Partido, callas, entonces eres responsable de tu silencio. En cualquier caso, siempre serás culpable. Cuando una organización entra en la lógica de que sólo caben la "lealtad" o la "salida" está firmando la sentencia de muerte de la democracia interna. Una institución de este tipo se transforma, según sea el carácter del líder político de turno, o bien en un cuartel o bien en una iglesia y sus militantes pasan a ser respectivamente reclutas o feligreses y, en el peor de los casos, reclutas feligreses (¡que también abundan!).

 Además de la lealtad y la salida, una organización para ser verdaderamente democrática tiene que garantizar la "voz", esto es, el disenso en sus propias filas. Democracia interna no es sino admitir la posibilidad y existencia del disenso en la estructura orgánica interna. Y que tales manifestaciones, si cuentan con un grado suficiente de apoyo, aunque sean minoritarias, no sean condenadas al ostracismo. La historia del Partido Socialista ofrece sobradas pruebas de que nadie está en posesión de la verdad absoluta (como en la Iglesia) ni tampoco funciona "manu militari" (como en el cuartel). En definitiva, ni reclutas ni feligreses, queremos ser ciudadanos fuera y dentro del Partido.

En consecuencia, es obligado repensar cómo se articula la democracia interna porque lo que es obvio es que las primarias (entendidas como un hombre, un voto) refuerzan el sentido de mayor participación para elegir candidatos (sea para secretario general, sea para el concurso electoral) pero, sin embargo, dejan muy en el aire el mecanismo que debe garantizar la integración orgánica de las distintas posiciones ideológicas. Y, por favor, que no se diga que ahora no es el momento de debatir estas cosas porque hay más de seis millones de parados. ¿Es que estamos gobernando o vamos a gobernar dentro de unos meses? Ahora no toca gobernar, lo que ahora toca es que arreglemos el follón interno. Democracia sí, pero cómo. Para elegir al líder es necesaria, pero insuficiente para que el partido de verdad se democratice.