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miércoles, 29 de mayo de 2013

La educación que queremos


Mario Salvatierra  27 de mayo de 2013

En estos momentos el PP ha llevado al congreso de los diputados un nuevo proyecto de ley educativa, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En la segunda legislatura de Aznar, también la derecha española promulgó una Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Si antes hablaban a secas de "calidad" de la educación, como si tal cualidad no existiera en el sistema educativo o estuviera absolutamente en último plano, ahora hablan de "mejora" de la calidad, es decir, reconocen que hay "algo" de calidad pero que hay que mejorarla. En resumen, el PP parte de la idea de que los proyectos socialistas (sea con la LOGSE, sea con la LOE) han desatendido los valores del mérito y del esfuerzo. Dos son las razones, según ellos, que avalan sus estimaciones: una, que los Informes PISA nos alertan de la mediocridad del propio sistema educativo español dado sus bajos resultados respecto a los indicadores europeos y, otra, que las elevadas cifras de repetidores, fracaso y abandono escolar nos obligan a dar un cambio de rumbo. Dicho en términos políticos, que la preeminencia del valor de la igualdad de los socialistas ha resultado nefasto para la calidad de la educación. Así como la promoción de la sanidad universal y gratuita ha derivado en un empeoramiento en la calidad de los servicios sanitarios, la extensión de la educación obligatoria, según ellos, ha promovido una merma de la calidad educativa. En el fondo, subyace el convencimiento de que el precio a pagar por la equidad es renunciar a la calidad y de que si queremos garantizar realmente la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, entonces prescindimos del valor del esfuerzo.

La educación es un derecho y, como tal, tiene que garantizarse a todos los ciudadanos. ¿Ha sido o no un logro de la LOGSE implantar la educación obligatoria hasta los 16 años?. Antes los chicos y las chicas podían abandonar la escuela a los 14 años de edad, es decir, ni el BUP ni el COU eran etapas obligatorias. En consecuencia, en estas etapas educativas las aulas eran menos numerosas, el alumnado más homogéneo y, en la mayoría de los casos, ambas etapas eran comprendidas como un medio para acceder a la universidad ya que la formación profesional carecía de un amplio reconocimiento social. Reflejo de estas circunstancias era que en la F.P. no existían oposiciones al cuerpo de "catedráticos" en el personal docente.

A partir de la LOGSE la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y ello significa que, por un lado, la mayor extensión de la escolaridad ofrece más probabilidades de riesgo de fracaso escolar (estudiantes que no consiguen obtener el título de la ESO) y, por otro, que el criterio de promoción escolar no puede ser totalmente selectivo y meritocrático. Ello no quiere decir que, por principio, el progreso escolar fuese ajeno a la calidad de la enseñanza, sino que si establecemos la "obligatoriedad" nadie puede quedarse "fuera" del sistema educativo. Las enseñanzas obligatorias requieren un modelo educativo inclusivo y no excluyente en el que todos los alumnos, aunque partan de unas condiciones iniciales desiguales, puedan llegar poseer las mismas competencias académicas básicas. Los objetivos de las enseñanzas obligatorias no pueden ser los mismos que los de las no obligatorias. En éstas juegan un papel esencial el mérito y la selección del alumnado. Precisamente por ser voluntarias el Estado no tiene la obligación de que nadie quede "fuera". La no obligatoriedad resalta una característica primordial de esta etapa educativa: es el alumnado quien "decide" continuar con un estudio de grado superior y, por tanto, hay un depósito en ellos/as de mayor "responsabilidad" sobre sus resultados académicos y una mayor "competencia académica" según las evaluaciones anuales. Es decir, los valores del mérito y de selección cobran mucho más peso en las etapas post-obligatorias.

La confusión se origina cuando inicuamente se mezclan los principios que deben guiar la enseñanza obligatoria con los de la no obligatoria y perversamente se quieren aplicar éstos en las enseñanzas básicas. El modelo educativo en las etapas obligatorias no debe ni puede ser aristocrático. El Estado tiene que garantizar un modelo de escuela para todos, no solo para los mejores. Por ello es un dislate pedagógico pretender separar a los alumnos en edades tan tempranas según sean sus resultados en las evaluaciones. La obsesión por las evaluaciones no es sino la obsesión por la segregación.

La educación obligatoria es un valor en sí, no es un valor meramente instrumental: que sirve para otra cosa. Y si es un valor en sí, entonces el sistema educativo básico no debe beneficiar a unos más que a otros. Es un derecho igual para todos, no un bien para unos pocos y, por consiguiente, introducir el modelo de mercado en esta esfera educativa constituye una verdadera aberración. Si en esta etapa educativa introducimos el modelo de competencia del mercado, entonces los centros se articularán esencialmente según criterios económicos, donde inexorablemente habrá unos ganadores y otros perdedores. Como en el mercado no todos tenemos las mismas posibilidades de comprar el mismo producto por el mismo precio, tampoco habrá las mismas posibilidades materiales de elección de centros. A unos irán los más ricos y listos y a otros, que serán mayoría, los más pobres y con menos bagaje cultural. De manera que en vez de compensar las desventajas económicas, sociales y culturales, la escuela servirá para acentuar aún más la brecha social. Y en lugar de garantizar realmente la igualdad de oportunidades y la libertad de elección de los padres, los centros educativos se transformarán en una oportunidad para la desigualdad y en agencias de reproducción del estatus social.

Si queremos que la escuela sea verdaderamente equitativa, hemos de erradicar el concepto de competencia económica de la institución educativa. Una escuela equitativa nos exige tratar de un modo igual a los iguales y de un modo desigual a los desiguales. La mejora de la calidad en la educación no debe pasar ni por reducir el período de escolarización obligatoria, ni por establecer un ranking entre centros, ni por la segregación del alumnado creando itinerarios en edades tan tempranas, ni por la dualizar las aulas de un mismo centro entre alumnos listos y torpes y menos todavía por aplicar los criterios de promoción y selección de las enseñanzas post-obligatorias en las obligatorias.

La mejora de la calidad en la educación se articula mediante una atención específica a la diversidad, la educación compensatoria, los desdobles, las clases de refuerzo, etc. Y para ello es innecesario implantar un mecanismo de evaluaciones como el programado en la LOMCE, sino que es mucho más relevante diseñar el curriculo teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Asimismo, es mucho más importante centrarse en corregir los vicios implícitos producidos por la constitución de una doble red de centros que enfocar el tema desde la perspectiva de la "eficiencia". Es hora de que las instituciones públicas enfaticen el carácter "subsidiario" de los centros concertados y de que éstos, a su vez, acaben por asumir la completa gratuidad de la enseñanza obligatoria y revisen cómo aplican de hecho los criterios de admisión de alumnos.

Por otra parte, la escuela es el ámbito de la ciencia, del saber racional y de la laicidad. La institución escolar no debe servir de instrumento a los distintos credos religiosos. Una cosa es la enseñanza de la religión y otra bien distinta es impartir clases de religión confesional. La fe no debe evaluarse, la fe es un don y como tal está más allá o más acá de cualquier evaluación. Lamentablemente, la Conferencia Episcopal Española durante todos estos años ha mantenido una absoluta intransigencia con el valor de la laicidad y difícilmente una institución que no acaba de aceptar la realidad social del proceso de secularización puede asimilar que el ámbito del credo religioso no es la escuela. En definitiva, una vez más comprobamos que la LOMCE pone en manifiesto que el fracaso de todo intento de consenso en la educación está íntimamente ligado al papel que ha jugado la Iglesia Católica española. El fundamentalismo de la fe impide que podamos abordar el papel de la laicidad en la escuela y la extensión de la escuela confesional concertada constantemente cuestiona el ideario de libertad de cátedra. Ambas circunstancias nos exigen que volvamos a reflexionar cuál es el papel del Estado en la educación. Es tiempo de defender el papel prioritario del Estado en la escuela, de conjugar calidad y equidad en la educación obligatoria sin que ello signifique segregar al alumnado por sus condiciones sociales, económicas, culturales e intelectuales y, sobre todo, que los valores democráticos vertebren la gestión de los centros y los de racionalidad, laicidad y exigencia científica articulen los criterios académicos. 

 A su vez, nada de ello es posible si no se cuenta con la implicación de los docentes. Es imprescindible y urgente elaborar un Estatuto del Docente porque, de lo contrario, su función profesional queda al albur de las apreciaciones o depreciaciones de turno y sujeta a cuantas manipulaciones valorativas se quieran hacer de ella.

lunes, 6 de mayo de 2013

LA NECESARIA UNIDAD DE LA IZQUIERDA


 Juan Antonio Barrio  (artículo publicado en El Siglo nº 1017)

Vivimos tiempos de desafección hacia la política y hacia los partidos políticos. La crisis económica ha traído, entre otras consecuencias, la creciente idea de que los mercados lo pueden todo y la política nada. O, en todo caso, sólo cabría una resistencia y una protesta contra el “horror económico”, pero no una propuesta política como tal, al menos desde los partidos digamos “tradicionales” de la izquierda; en concreto PSOE e IU.

¿Se puede disentir de ese pesimismo generalizado? En mi opinión no sólo se puede, sino que se debe. Habría que responder a dos preguntas: una, ¿es posible superar en la práctica la escisión de 1921?, la escisión que condujo a dos familias ideológicas con trayectorias muy distintas, y en especial, en cuanto al papel de la democracia. En este sentido, la afirmación del socialismo como profundización continúa de la democracia parece difícilmente refutable hoy e día. En segundo lugar, ¿cabe establecer proyectos conjuntos de gobierno PSOE-IU? La experiencia de gobierno común en Andalucía parece permitir otra respuesta afirmativa. Porque además, en condiciones económicas más que difíciles confirman, también, que “otra forma de gobernar es posible”, que se puede gobernar en izquierda y desde la izquierda a favor de los trabajadores. Por ejemplo, con el decreto que permite expropiar casas a las entidades financieras durante tres años, o el decreto en marcha para adoptar medidas contra la exclusión social (aceleración de una renta básica, apoyo a cuidadores de dependientes, apoyo a las tres comidas en los centros escolares).

¿Se podría generalizar un gobierno así para toda España, si los resultados electorales lo permitieran? ¿Por qué no? 

La derecha rancia de siempre ya ha puesto el grito en el cielo y lo seguirá poniendo igual (cuando les interesa dice que IU se ha vendido al PSOE; otras veces al contrario, el PSOE sería la marca blanca de IU…).

No les hagamos caso. No les tengamos miedo. Ganémosles juntos. Antes y después de la elecciones. Antes: con el trabajo común, con el apoyo de los movimientos sociales, a las iniciativas unitarias desde la base, con la complicidad de los sindicatos… 

No soy un ingenuo, sé que no es fácil pero también que sólo así podremos construir no una casa común (probablemente ni siquiera sea conveniente), sino una unidad de acción en primer lugar y una causa común además.


Y aunque algunas alianzas previas a las elecciones puedan ser necesarias (¿tiene sentido mientras exista el Senado, tal y como lo tenemos, que no haya una candidatura común de la izquierda en la mayoría de las circunscripciones?, ¿por qué regalarle a la derecha mayorías fáciles?), me refiero sobre todo a la necesaria y hasta urgente cooperación posterior a las elecciones, lo cual obligaría a proyectos conjuntos, a utopías realizables, a propuestas comunes de cara a la profundización democrática (al diseño de una salida de la crisis que cambie las relaciones laborales en beneficio de la participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones, al contrario de lo que preconiza la actual reforma laboral, que no es sino la legalización del chantaje sistemático por parte de los empresarios), al avance de un Estado federal sin eludir la principal dificultad: la existencia de un sistema doble de financiación, o al diseño de una estrategia para avanzar en la laicidad del Estado, con la previa y necesaria denuncia del Concordato. Un acuerdo también para dar la batalla en Europa frente a la austeridad recesiva. Y para conseguir una democracia más participativa, y donde la relación representantes-representados cambie radicalmente. Un acuerdo abierto a otras fuerzas políticas de izquierdas en aquellas CCAA donde sea necesario. Las dificultades son muchas, pero la actual situación lo hace, en mi opinión, imprescindible. 

domingo, 5 de mayo de 2013

PRIMARIAS (2ª parte)

Mario Salvatierra   03/05/2013


 En mi anterior artículo señalaba el peligro de la deriva presidencialista. Aplicar la mecánica de las primarias para elegir al secretario/a general del PSOE sin establecer unos requisitos previos puede propiciar que, de hecho, no se articulen orgánicamente las distintas posiciones ideológicas representativas en el Partido. Decía que las primarias son necesarias para movilizar a la organización y fomentar la participación política pero que, en realidad, dicho método de elección no resuelve los problemas sustantivos de la democracia interna en el PSOE. La última etapa del período de Rodríguez Zapatero es el mejor exponente de lo que estoy afirmando.
El PSOE es un partido plural y tiene el deber de plasmar en su estructura orgánica esa pluralidad ideológica.No sólo queremos que militantes y afiliados participen como electores en un proceso de primarias abiertas, sino también queremos una democracia de mayor calado en la toma de decisiones. El PSOE es un partido plural y tiene el deber de plasmar en su estructura orgánica esa pluralidad ideológica. Ello supone un profundo cambio de cultura: el que gana no puede ganarlo todo y el que pierde no puede perderlo todo. Por tanto, el primer compromiso de cualquier candidato debería ser: "Si gano, me comprometo a enriquecer la democracia interna y respetar los distintos planteamientos ideológicos que hay en el seno del Partido".
Como observarán estoy hablando de un proceso de elección directa para elegir al secretario/a general. ¿Quiénes podrán participar? Sin duda, los afiliados y militantes que estén al corriente de pago. Además, tendríamos que considerar la posibilidad de que puedan ser electores los simpatizantes. En principio, es mucho más indicado que éstos participen en la elección a candidatos/as a las elecciones generales, autonómicas y municipales. No obstante, el Comité Federal tendría que ser el organismo que debata esta cuestión. En todo caso, si el Comité Federal aprobase que los simpatizantes también puedan ser electores, éstos deberían cumplir el siguiente requerimiento: por un lado, que aportaran un euro como mínimo para sufragar el coste del proceso electoral y, por otro, que firmaran una declaración pública en la que reconozcan los valores y el proyecto socialista.
¿Quiénes podrán ser candidatos/as a secretario/a general? Aquellos y aquellas compañeros/as que obtengan un aval de al menos el 15% de los miembros del Comité Federal (con un máximo del 20% de avales) o de al menos un 10% de los militantes y afiliados (con un máximo del 15% de avales). En caso de haber más de dos candidaturas, la elección se tendrá que producir mediante un sistema de doble vuelta. En estas circunstancias, se designará secretario o secretaria general el compañero/a que obtenga más del 50% de los votos en la primera vuelta y si ninguno obtiene este apoyo, entonces se celebrará una segunda vuelta al cabo de dos semanas. Sólo pasarán a la segunda vuelta aquellos/as aspirantes que hayan obtenido el mayor número de votos.
A efectos de garantizar la máxima pulcritud democrática e imparcialidad del proceso electoral deberá crearse un organismo ad hoc (llámese como se quiera) elegido entre los miembros del Comité Federal (siete compañeros/as, por ejemplo) con el fin de interpretar, aplicar y desarrollar el Reglamento de Primarias que fuera aprobado por el Comité Federal.
Hasta aquí el mecanismo de elección para secretario/a general. Sin embargo, quien gane, como dije, no debe ganarlo todo. Con el fin de asegurar una mayor democracia interna, pienso que quien vaya a liderar el partido tiene que hacer una Ejecutiva que plasme la pluralidad interna. Por ello, en mi opinión, lo correcto sería que las personas designadas por él o ella en la Comisión Ejecutiva nunca sobrepasen el 40% de la misma y el restante 60% sean elegidos conforme a la representación interna. Asimismo, para formar parte del 60% de dicha Ejecutiva se requerirá un mínimo del 15% de apoyo de los militantes y afiliados. De esta manera se garantizaría que las distintas posiciones ideológicas tuvieran representación en los órganos de toma de decisión y que éstos fuesen más abiertos, deliberativos y democráticos. En consecuencia, quienes vayan a formar parte de la Comisión Ejecutiva deberían subscribir públicamente la siguiente declaración: "Me comprometo a respetar las distintas posiciones ideológicas que se manifiesten en la Ejecutiva, a participar en los debates y, si fuera el caso, aceptar el resultado del voto mayoritario en las cuestiones planteadas".
Entiendo que dar un paso de este tipo no es fácil pero no es un salto en el vacío. Consiste en instituir un doble mecanismo de elección: por democracia directa se votaría al secretario general y por vía indirecta al resto de los cargos orgánicos. Las personas elegidas tendrían el mismo grado de legitimidad de origen. Creo que es una buena iniciativa para evitar los posibles hiperliderazgos, la pendiente presidencialista, dinamizar la vida interna del Partido e incentivar la participación ciudadana en la política. Es hora de recuperar el valor de la política, es tiempo de la democracia en los Partidos y de esforzarnos en prestigiar el pluralismo en la izquierda.