Otra agenda para el empleo es necesaria

José Manzanares 

Artículo publicado el 17 Junio 2013 en Nueva Tribuna.

 

La “agenda política” de nuestro país, protagonizada desde hace meses por los socialistas, trata de dar prioridad a un Pacto con el Gobierno del PP para “presionar” conjuntamente ante la próxima Cumbre de la UE (27 y 28 de Junio) para que la UE reoriente su política de austeridad y conseguir mayores recursos económicos para España: Estímulos y financiación para las PYMES; Plan de Empleo Juvenil (“Garantía Juvenil”)… además de mayor seguridad para el Sistema Financiero Europeo (acelerando la Unión Bancaria). A ello se vienen dedicando múltiples reuniones PP-PSOE (aquí y en París, Bruselas…) con discutibles resultados políticos, dada la “carrera de protagonismo mediático” que ambos partidos pretenden. Por ejemplo la reunión sobre empleo juvenil  entre Ministros de Economía y Empleo (Alemania, Italia, Francia y España), del pasado 15 de Junio en Roma, no han dado los resultados esperados, “frustrante cumbre”, según Joaquín Estefanía (EL PAIS, 17 junio de 2013).

Por otra parte, el Pacto de Crecimiento y Empleo para 2012-13 de la UE, si lo revisamos a fondo, prácticamente está en la misma situación que se aprobó en la anterior Cumbre de Junio 2012. Bastaría con retomarlo con verdadera voluntad política para salir del actual “agujero de recesión y paro”. Demuestra la parálisis de la Comisión, subordinada a la “hegemonía alemana”, con recomendaciones permanentes a los “países del Sur” en la línea de los recortes sociales y de las reformas neoliberales que tratan de “adelgazar” el Estado de Bienestar, alejándonos cada día más del “modelo (patrimonio) social europeo” que tanto ha costado construir a las generaciones pasadas.

Se trataría de poner fin a las políticas de ajuste que, después de tres años de fuertes recortes sociales, bajos salarios…, solo han producido recesión (desempleo), desigualdad y más pobreza. En nuestro país, el desempleo es histórico; el déficit sigue sin bajar sustancialmente; aumenta la deuda… Pero, ¿se pretende apostar por un cambio de modelo productivo que permita poner fin a la competitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias? ¿Se trata de una verdadera actitud de cambio de políticas (tambien nacional) o una acción “limitada” a conseguir más recursos de la UE?

Por el contrario, frente a esta “agenda de connivencia” (por diferentes razones internas, tanto para Rubalcaba como para Rajoy), el PSOE y la Izquierda Plural deberían concentrar sus fuerzas ante los Socialistas Europeos (PSE) y otros partidos progresistas europeos. Se debería realizar una verdadera ofensiva política, con alternativas a la fracasada política de austeridad de la UE y retomando las políticas de estímulos al crecimiento, a la creación de empleo (relanzando un “Plan “Marshall” para Europa, como pide la CES); a acelerar las reformas necesarias ante el BCE/BEI para que fluya el crédito, se consolide la Unión Bancaria y se avance de forma decidida hacia la unión económica y fiscal (incluida la eliminación de los Paraísos Fiscales y la implantación del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF); además de un Plan contra la Pobreza y la exclusión social, entre otras medidas.

Este proceso no sólo acumularía más fuerzas (Partidos Progresistas, Sindicatos, Parlamento Europeo…) ante la actual deriva neoliberal de la Comisión, sino que actuaría al interior de los “países del Norte” (más allá del “paternalismo culpable” reciente de Alemania) como elemento político de debate/denuncia del modelo de UE, segmentado, desequilibrado, que se está consolidando, cada vez más alejado del que la mayoría de europeos aspiramos, después de una larga historia de guerras y desencuentros. Además, se ganaría en credibilidad y legitimidad ante el próximo proceso de Elecciones Europeas (Mayo 2014).

Pero, sobre todo, se debe proceder en España, de forma coherente con el “cambio de rumbo” en la política económica y social que se demanda de las instituciones comunitarias (que hasta el propio Rajoy/PP van asumiendo “disimuladamente”), a una urgente reactivación de la economía (“Plan de Choque”), abandonando las políticas de austeridad y antisociales practicadas, en torno a las diferentes alternativas que concitan “consenso” político y social, especialmente la propuesta realizada por UGT y CCOO a Rajoy el pasado 16 de mayo: Canalización urgente del crédito hacia las PYMES y la economía productiva a través de los Bancos/Cajas nacionalizadas, además del ICO que debe actuar con mayor eficacia; apostar por la I+D+i; recuperar y rediseñar las políticas Activas de Empleo abandonadas; fortalecer la Formación Profesional que viene funcionando en torno a nuestro Sistema Nacional de Cualificaciones, pensando no sólo en el paro juvenil más dramático (en torno a 900.000 jóvenes), sino también antes el paro de larga duración de mayores de 45 años (más de dos millones de personas);reconocimiento de la experiencia profesional; Escuelas Taller y Casas de Oficios (formación dual) a jóvenes “ni-ni”… además de un Plan contra la Pobreza y la exclusión social: niños, personas mayores, emigrantes…

Actuar de forma decidida con “otra agenda” (con otras políticas y otro escenario con otros actores) conllevaría apoyar en el Parlamento lo que es un clamor en la calle: poner el empleo de calidad como principal preocupación de forma que se evite que nuestro país, además del deterioro económico, se consolide el deterioro social que nos sitúe ante un “bloqueo” institucional, generacional y político que prolongaría la desesperanza y el sufrimiento de nuestros ciudadanos de hoy y, sobre todo, de nuestras generaciones venideras.

EL SOCIALISTA HAMLETIANO

José Antonio Pérez Tapias*

  Hay militancia socialista, existe, y contempla con desazón la deriva de un PSOE que muchos ciudadanos ven naufragar. Entre liderazgos que no lo son por el mero hecho de pretenderlo quien ocupa un cargo y propuestas que, aun siendo razonables, carecen de un marco que las muestre insertas en un proyecto creíble, no se acaba de vislumbrar el camino del socialismo español para presentarse como partido capaz de las transformaciones que necesita nuestra realidad. El baluarte que representa el gobierno de coalición de la Junta de Andalucía ofrece, sin merma de sus méritos, más imagen de resistencia que de potencia de cambio. Un declive al modo del PASOK en Grecia no es hipótesis inverosímil. Su plausibilidad la hacen más consciente militantes de a pie, inmersos en las redes de su vida cotidiana, que aquéllos que por su cargo se ven obligados a edulcorar la imagen propia.

   Las bases socialistas, en su mayoría, saben que el PSOE se halla ante una alternativa tan crucial como la de Hamlet: “ser o no ser”. Es la shakespeariana cuestión planteada y, como el príncipe de Dinamarca, hay que decidir entre sufrir pasivamente “los golpes de la Fortuna” o  hacer frente a “todo un piélago de calamidades” hasta acabar con ellas. Decidir por lo segundo implica reconstrucción del proyecto político, hoy por hoy extraviado en un “tiempo líquido” que ni Bauman imaginó como el de la abrasadora lava del volcán capitalista que nos está destruyendo. Pero reconstruir proyecto supone también repensar la organización: el socialista hamletiano es también el partido en su conjunto, que tiene que resolver su ser o no ser en el futuro.

   Nacido como partido de trabajadores, el PSOE debe dilucidar cómo ser partido de ciudadanos –no sólo para ellos-. Eso significa apertura, participación, otros procedimientos para decidir y nuevas estructuras organizativas. Hay que responder a Robert Michels desmontando las élites oligárquicas que bloquean la democracia interna, como hay que hacer honor a Montesquieu llevando la división de poderes al seno del partido. Primarias, elección directa de Secretario General, articulación de la pluralidad interna…, son cuestiones ineludibles. Incluso habrá que ahuyentar el temor a la posible bicefalia en un partido que necesita formas de liderazgo en consonancia con las exigencias democráticas de la ciudadanía. Responder a ellas es condición para “ser”.

*José Antonio Pérez Tapias, es catedratico de la Universidad de Granada y portavoz Federal de Izquierda Socialista-PSOE*

(Publicado en el diario Granada Hoy el 23 de mayo de 2013)

La educación que queremos

Mario Salvatierra  27 de mayo de 2013

En estos momentos el PP ha llevado al congreso de los diputados un nuevo proyecto de ley educativa, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En la segunda legislatura de Aznar, también la derecha española promulgó una Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Si antes hablaban a secas de "calidad" de la educación, como si tal cualidad no existiera en el sistema educativo o estuviera absolutamente en último plano, ahora hablan de "mejora" de la calidad, es decir, reconocen que hay "algo" de calidad pero que hay que mejorarla. En resumen, el PP parte de la idea de que los proyectos socialistas (sea con la LOGSE, sea con la LOE) han desatendido los valores del mérito y del esfuerzo. Dos son las razones, según ellos, que avalan sus estimaciones: una, que los Informes PISA nos alertan de la mediocridad del propio sistema educativo español dado sus bajos resultados respecto a los indicadores europeos y, otra, que las elevadas cifras de repetidores, fracaso y abandono escolar nos obligan a dar un cambio de rumbo. Dicho en términos políticos, que la preeminencia del valor de la igualdad de los socialistas ha resultado nefasto para la calidad de la educación. Así como la promoción de la sanidad universal y gratuita ha derivado en un empeoramiento en la calidad de los servicios sanitarios, la extensión de la educación obligatoria, según ellos, ha promovido una merma de la calidad educativa. En el fondo, subyace el convencimiento de que el precio a pagar por la equidad es renunciar a la calidad y de que si queremos garantizar realmente la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, entonces prescindimos del valor del esfuerzo.

La educación es un derecho y, como tal, tiene que garantizarse a todos los ciudadanos. ¿Ha sido o no un logro de la LOGSE implantar la educación obligatoria hasta los 16 años?. Antes los chicos y las chicas podían abandonar la escuela a los 14 años de edad, es decir, ni el BUP ni el COU eran etapas obligatorias. En consecuencia, en estas etapas educativas las aulas eran menos numerosas, el alumnado más homogéneo y, en la mayoría de los casos, ambas etapas eran comprendidas como un medio para acceder a la universidad ya que la formación profesional carecía de un amplio reconocimiento social. Reflejo de estas circunstancias era que en la F.P. no existían oposiciones al cuerpo de "catedráticos" en el personal docente.

A partir de la LOGSE la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y ello significa que, por un lado, la mayor extensión de la escolaridad ofrece más probabilidades de riesgo de fracaso escolar (estudiantes que no consiguen obtener el título de la ESO) y, por otro, que el criterio de promoción escolar no puede ser totalmente selectivo y meritocrático. Ello no quiere decir que, por principio, el progreso escolar fuese ajeno a la calidad de la enseñanza, sino que si establecemos la "obligatoriedad" nadie puede quedarse "fuera" del sistema educativo. Las enseñanzas obligatorias requieren un modelo educativo inclusivo y no excluyente en el que todos los alumnos, aunque partan de unas condiciones iniciales desiguales, puedan llegar poseer las mismas competencias académicas básicas. Los objetivos de las enseñanzas obligatorias no pueden ser los mismos que los de las no obligatorias. En éstas juegan un papel esencial el mérito y la selección del alumnado. Precisamente por ser voluntarias el Estado no tiene la obligación de que nadie quede "fuera". La no obligatoriedad resalta una característica primordial de esta etapa educativa: es el alumnado quien "decide" continuar con un estudio de grado superior y, por tanto, hay un depósito en ellos/as de mayor "responsabilidad" sobre sus resultados académicos y una mayor "competencia académica" según las evaluaciones anuales. Es decir, los valores del mérito y de selección cobran mucho más peso en las etapas post-obligatorias.

La confusión se origina cuando inicuamente se mezclan los principios que deben guiar la enseñanza obligatoria con los de la no obligatoria y perversamente se quieren aplicar éstos en las enseñanzas básicas. El modelo educativo en las etapas obligatorias no debe ni puede ser aristocrático. El Estado tiene que garantizar un modelo de escuela para todos, no solo para los mejores. Por ello es un dislate pedagógico pretender separar a los alumnos en edades tan tempranas según sean sus resultados en las evaluaciones. La obsesión por las evaluaciones no es sino la obsesión por la segregación.

La educación obligatoria es un valor en sí, no es un valor meramente instrumental: que sirve para otra cosa. Y si es un valor en sí, entonces el sistema educativo básico no debe beneficiar a unos más que a otros. Es un derecho igual para todos, no un bien para unos pocos y, por consiguiente, introducir el modelo de mercado en esta esfera educativa constituye una verdadera aberración. Si en esta etapa educativa introducimos el modelo de competencia del mercado, entonces los centros se articularán esencialmente según criterios económicos, donde inexorablemente habrá unos ganadores y otros perdedores. Como en el mercado no todos tenemos las mismas posibilidades de comprar el mismo producto por el mismo precio, tampoco habrá las mismas posibilidades materiales de elección de centros. A unos irán los más ricos y listos y a otros, que serán mayoría, los más pobres y con menos bagaje cultural. De manera que en vez de compensar las desventajas económicas, sociales y culturales, la escuela servirá para acentuar aún más la brecha social. Y en lugar de garantizar realmente la igualdad de oportunidades y la libertad de elección de los padres, los centros educativos se transformarán en una oportunidad para la desigualdad y en agencias de reproducción del estatus social.

Si queremos que la escuela sea verdaderamente equitativa, hemos de erradicar el concepto de competencia económica de la institución educativa. Una escuela equitativa nos exige tratar de un modo igual a los iguales y de un modo desigual a los desiguales. La mejora de la calidad en la educación no debe pasar ni por reducir el período de escolarización obligatoria, ni por establecer un ranking entre centros, ni por la segregación del alumnado creando itinerarios en edades tan tempranas, ni por la dualizar las aulas de un mismo centro entre alumnos listos y torpes y menos todavía por aplicar los criterios de promoción y selección de las enseñanzas post-obligatorias en las obligatorias.

La mejora de la calidad en la educación se articula mediante una atención específica a la diversidad, la educación compensatoria, los desdobles, las clases de refuerzo, etc. Y para ello es innecesario implantar un mecanismo de evaluaciones como el programado en la LOMCE, sino que es mucho más relevante diseñar el curriculo teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Asimismo, es mucho más importante centrarse en corregir los vicios implícitos producidos por la constitución de una doble red de centros que enfocar el tema desde la perspectiva de la "eficiencia". Es hora de que las instituciones públicas enfaticen el carácter "subsidiario" de los centros concertados y de que éstos, a su vez, acaben por asumir la completa gratuidad de la enseñanza obligatoria y revisen cómo aplican de hecho los criterios de admisión de alumnos.

Por otra parte, la escuela es el ámbito de la ciencia, del saber racional y de la laicidad. La institución escolar no debe servir de instrumento a los distintos credos religiosos. Una cosa es la enseñanza de la religión y otra bien distinta es impartir clases de religión confesional. La fe no debe evaluarse, la fe es un don y como tal está más allá o más acá de cualquier evaluación. Lamentablemente, la Conferencia Episcopal Española durante todos estos años ha mantenido una absoluta intransigencia con el valor de la laicidad y difícilmente una institución que no acaba de aceptar la realidad social del proceso de secularización puede asimilar que el ámbito del credo religioso no es la escuela. En definitiva, una vez más comprobamos que la LOMCE pone en manifiesto que el fracaso de todo intento de consenso en la educación está íntimamente ligado al papel que ha jugado la Iglesia Católica española. El fundamentalismo de la fe impide que podamos abordar el papel de la laicidad en la escuela y la extensión de la escuela confesional concertada constantemente cuestiona el ideario de libertad de cátedra. Ambas circunstancias nos exigen que volvamos a reflexionar cuál es el papel del Estado en la educación. Es tiempo de defender el papel prioritario del Estado en la escuela, de conjugar calidad y equidad en la educación obligatoria sin que ello signifique segregar al alumnado por sus condiciones sociales, económicas, culturales e intelectuales y, sobre todo, que los valores democráticos vertebren la gestión de los centros y los de racionalidad, laicidad y exigencia científica articulen los criterios académicos. 

 A su vez, nada de ello es posible si no se cuenta con la implicación de los docentes. Es imprescindible y urgente elaborar un Estatuto del Docente porque, de lo contrario, su función profesional queda al albur de las apreciaciones o depreciaciones de turno y sujeta a cuantas manipulaciones valorativas se quieran hacer de ella.

LA NECESARIA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

 Juan Antonio Barrio  (artículo publicado en El Siglo nº 1017)

Vivimos tiempos de desafección hacia la política y hacia los partidos políticos. La crisis económica ha traído, entre otras consecuencias, la creciente idea de que los mercados lo pueden todo y la política nada. O, en todo caso, sólo cabría una resistencia y una protesta contra el “horror económico”, pero no una propuesta política como tal, al menos desde los partidos digamos “tradicionales” de la izquierda; en concreto PSOE e IU.

¿Se puede disentir de ese pesimismo generalizado? En mi opinión no sólo se puede, sino que se debe. Habría que responder a dos preguntas: una, ¿es posible superar en la práctica la escisión de 1921?, la escisión que condujo a dos familias ideológicas con trayectorias muy distintas, y en especial, en cuanto al papel de la democracia. En este sentido, la afirmación del socialismo como profundización continúa de la democracia parece difícilmente refutable hoy e día. En segundo lugar, ¿cabe establecer proyectos conjuntos de gobierno PSOE-IU? La experiencia de gobierno común en Andalucía parece permitir otra respuesta afirmativa. Porque además, en condiciones económicas más que difíciles confirman, también, que “otra forma de gobernar es posible”, que se puede gobernar en izquierda y desde la izquierda a favor de los trabajadores. Por ejemplo, con el decreto que permite expropiar casas a las entidades financieras durante tres años, o el decreto en marcha para adoptar medidas contra la exclusión social (aceleración de una renta básica, apoyo a cuidadores de dependientes, apoyo a las tres comidas en los centros escolares).

¿Se podría generalizar un gobierno así para toda España, si los resultados electorales lo permitieran? ¿Por qué no? 

La derecha rancia de siempre ya ha puesto el grito en el cielo y lo seguirá poniendo igual (cuando les interesa dice que IU se ha vendido al PSOE; otras veces al contrario, el PSOE sería la marca blanca de IU…).

No les hagamos caso. No les tengamos miedo. Ganémosles juntos. Antes y después de la elecciones. Antes: con el trabajo común, con el apoyo de los movimientos sociales, a las iniciativas unitarias desde la base, con la complicidad de los sindicatos… 

No soy un ingenuo, sé que no es fácil pero también que sólo así podremos construir no una casa común (probablemente ni siquiera sea conveniente), sino una unidad de acción en primer lugar y una causa común además.

Y aunque algunas alianzas previas a las elecciones puedan ser necesarias (¿tiene sentido mientras exista el Senado, tal y como lo tenemos, que no haya una candidatura común de la izquierda en la mayoría de las circunscripciones?, ¿por qué regalarle a la derecha mayorías fáciles?), me refiero sobre todo a la necesaria y hasta urgente cooperación posterior a las elecciones, lo cual obligaría a proyectos conjuntos, a utopías realizables, a propuestas comunes de cara a la profundización democrática (al diseño de una salida de la crisis que cambie las relaciones laborales en beneficio de la participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones, al contrario de lo que preconiza la actual reforma laboral, que no es sino la legalización del chantaje sistemático por parte de los empresarios), al avance de un Estado federal sin eludir la principal dificultad: la existencia de un sistema doble de financiación, o al diseño de una estrategia para avanzar en la laicidad del Estado, con la previa y necesaria denuncia del Concordato. Un acuerdo también para dar la batalla en Europa frente a la austeridad recesiva. Y para conseguir una democracia más participativa, y donde la relación representantes-representados cambie radicalmente. Un acuerdo abierto a otras fuerzas políticas de izquierdas en aquellas CCAA donde sea necesario. Las dificultades son muchas, pero la actual situación lo hace, en mi opinión, imprescindible. 

PRIMARIAS (2ª parte)

Mario Salvatierra   03/05/2013

 En mi anterior artículo señalaba el peligro de la deriva presidencialista. Aplicar la mecánica de las primarias para elegir al secretario/a general del PSOE sin establecer unos requisitos previos puede propiciar que, de hecho, no se articulen orgánicamente las distintas posiciones ideológicas representativas en el Partido. Decía que las primarias son necesarias para movilizar a la organización y fomentar la participación política pero que, en realidad, dicho método de elección no resuelve los problemas sustantivos de la democracia interna en el PSOE. La última etapa del período de Rodríguez Zapatero es el mejor exponente de lo que estoy afirmando.

El PSOE es un partido plural y tiene el deber de plasmar en su estructura orgánica esa pluralidad ideológica.No sólo queremos que militantes y afiliados participen como electores en un proceso de primarias abiertas, sino también queremos una democracia de mayor calado en la toma de decisiones. El PSOE es un partido plural y tiene el deber de plasmar en su estructura orgánica esa pluralidad ideológica. Ello supone un profundo cambio de cultura: el que gana no puede ganarlo todo y el que pierde no puede perderlo todo. Por tanto, el primer compromiso de cualquier candidato debería ser: "Si gano, me comprometo a enriquecer la democracia interna y respetar los distintos planteamientos ideológicos que hay en el seno del Partido".

Como observarán estoy hablando de un proceso de elección directa para elegir al secretario/a general. ¿Quiénes podrán participar? Sin duda, los afiliados y militantes que estén al corriente de pago. Además, tendríamos que considerar la posibilidad de que puedan ser electores los simpatizantes. En principio, es mucho más indicado que éstos participen en la elección a candidatos/as a las elecciones generales, autonómicas y municipales. No obstante, el Comité Federal tendría que ser el organismo que debata esta cuestión. En todo caso, si el Comité Federal aprobase que los simpatizantes también puedan ser electores, éstos deberían cumplir el siguiente requerimiento: por un lado, que aportaran un euro como mínimo para sufragar el coste del proceso electoral y, por otro, que firmaran una declaración pública en la que reconozcan los valores y el proyecto socialista.

¿Quiénes podrán ser candidatos/as a secretario/a general? Aquellos y aquellas compañeros/as que obtengan un aval de al menos el 15% de los miembros del Comité Federal (con un máximo del 20% de avales) o de al menos un 10% de los militantes y afiliados (con un máximo del 15% de avales). En caso de haber más de dos candidaturas, la elección se tendrá que producir mediante un sistema de doble vuelta. En estas circunstancias, se designará secretario o secretaria general el compañero/a que obtenga más del 50% de los votos en la primera vuelta y si ninguno obtiene este apoyo, entonces se celebrará una segunda vuelta al cabo de dos semanas. Sólo pasarán a la segunda vuelta aquellos/as aspirantes que hayan obtenido el mayor número de votos.

A efectos de garantizar la máxima pulcritud democrática e imparcialidad del proceso electoral deberá crearse un organismo ad hoc (llámese como se quiera) elegido entre los miembros del Comité Federal (siete compañeros/as, por ejemplo) con el fin de interpretar, aplicar y desarrollar el Reglamento de Primarias que fuera aprobado por el Comité Federal.

Hasta aquí el mecanismo de elección para secretario/a general. Sin embargo, quien gane, como dije, no debe ganarlo todo. Con el fin de asegurar una mayor democracia interna, pienso que quien vaya a liderar el partido tiene que hacer una Ejecutiva que plasme la pluralidad interna. Por ello, en mi opinión, lo correcto sería que las personas designadas por él o ella en la Comisión Ejecutiva nunca sobrepasen el 40% de la misma y el restante 60% sean elegidos conforme a la representación interna. Asimismo, para formar parte del 60% de dicha Ejecutiva se requerirá un mínimo del 15% de apoyo de los militantes y afiliados. De esta manera se garantizaría que las distintas posiciones ideológicas tuvieran representación en los órganos de toma de decisión y que éstos fuesen más abiertos, deliberativos y democráticos. En consecuencia, quienes vayan a formar parte de la Comisión Ejecutiva deberían subscribir públicamente la siguiente declaración: "Me comprometo a respetar las distintas posiciones ideológicas que se manifiesten en la Ejecutiva, a participar en los debates y, si fuera el caso, aceptar el resultado del voto mayoritario en las cuestiones planteadas".

Entiendo que dar un paso de este tipo no es fácil pero no es un salto en el vacío. Consiste en instituir un doble mecanismo de elección: por democracia directa se votaría al secretario general y por vía indirecta al resto de los cargos orgánicos. Las personas elegidas tendrían el mismo grado de legitimidad de origen. Creo que es una buena iniciativa para evitar los posibles hiperliderazgos, la pendiente presidencialista, dinamizar la vida interna del Partido e incentivar la participación ciudadana en la política. Es hora de recuperar el valor de la política, es tiempo de la democracia en los Partidos y de esforzarnos en prestigiar el pluralismo en la izquierda.

Primarias

Mario Salvatierra Saru  29 de abril de 2013

En junio de 1997, tras perder las elecciones generales el año anterior, Felipe González, para sorpresa de muchos, anunciaba que dejaba la secretaría general del PSOE. En ese XXXIV Congreso, Felipe González hizo caso, quizás por primera y única vez, a la corriente de opinión Izquierda Socialista. Su portavoz federal, Antonio García Santesmases, ante la hecatombe del último período de gobierno del PSOE, venía reclamando por entonces que la mejor manera de cerrar la crisis interna y de afrontar la nueva etapa del gobierno de José María Aznar era que Felipe González diera un paso atrás. El líder lo entendió pero lo que no supo valorar fue las consecuencias que tendría designar directamente al nuevo secretario general. Joaquín Almunia era portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados y fiel ariete del felipismo frente a Alfonso Guerra, la verdadera pieza a batir en aquel Congreso. No hemos de olvidar que, desde que se perdieron las elecciones en marzo de 1996, el debate giraba en torno a si era posible que González continuara dirigiendo al PSOE pero sin Guerra. La dimisión de Felipe arrastró a la de Alfonso; sin embargo, el encumbramiento de Almunia como secretario general nació averiado. Los liderazgos no se heredan, se conquistan, decían los delegados.

Esta es la razón por la que se afirmaba que Almunia carecía de legitimidad de origen. Mayoritariamente las bases hubieran aceptado con cierto sosiego que ese cargo lo ocupase Javier Solana pero sus compromisos con Will Clinton le impedían abandonar la secretaría general de la OTAN. No obstante, la noche anterior de ser nombrado Almunia, muchos delegados propusieron que Josep Borrell -por cierto, nunca visto como "catalán" dada su vocación jacobina- encabezase una alternativa. Se proponía que los delegados votaran entre Almunia o Borrell. Este es el germen de las primarias internas que, a decir verdad, no son propiamente primarias como tampoco lo fue el proceso de elección de José Luis Rodríguez Zapatero. La novedad consistía, sin embargo, en que no se proponían dos listas alternativas completas, sino que lo que se disputara fuera el liderazgo: el jefe de filas. En ese tiempo, todo sea dicho, resultaba inconcebible que el secretario general se eligiera con independencia de la Ejecutiva.

Aquella noche el intento fracasó pero cobró fuerza la cimiente: se demandaron primarias entre los militantes para elegir al candidato en las elecciones del año 2000. Izquierda Socialista siempre había criticado el modelo cesarista de Felipe González: un partido subordinado a la conciencia del líder. Asimismo, en muchas ocasiones había advertido del peligro que conlleva la vertiente presidencialista en un sistema que es parlamentario. El votante español no elige a un presidente como es el caso francés o norteamericano, sino que lo que votamos son listas para el Parlamento. Es importante tener en cuenta que ambos sistemas son opuestos e introducir la mecánica electoral de uno en el otro podría acarrear situaciones indeseables.

Todos sabemos cómo acabó el experimento de Borrell: el PSOE no tenía la tradición del PNV, la bicefalia fue imposible porque, en resumen, el aparato se negaba a perder cuotas de poder y, además, el medio de comunicación "amigo", El País, hizo cuanto pudo para que Borrell no llegase a la meta final. Almunia terminó siendo el candidato. Aquel proceso produjo, sin duda, una gran frustración y la querella interna se enquistó aún más. Después del batacazo electoral -no perdamos de vista que Almunia, para mayor incredulidad de las bases del PSOE, había formalizado un pacto con Francisco Frutos, líder de Izquierda Unida, con el fin de representar una futura coalición de gobierno-, presentó su dimisión sin previo aviso. Tuvo que hacerlo de ese modo porque, de lo contrario, el aparato lo habría impedido.

Una gestora se encargó de preparar el XXXV Congreso y finalmente los delegados concurrieron sabiendo que se presentaban cuatro candidaturas: José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero, Matilde Fernández y Rosa Díez. Aquí únicamente votaban los delegados para la secretaría general del PSOE, esto es, no hubo un proceso de primarias como ahora se reclama ni tampoco fue como en la elección del candidato a la presidencia del gobierno. Deseo significar una nota muy relevante: cuando se celebraron las primarias entre Borrell y Almunia muchos afiliados que habían dejado de pagar la cuota del Partido volvieron a las Agrupaciones para ponerse al día y no me equivoco si digo que también regresaron para cambiar las cosas y votar a Borrell. Aún hoy el aparato no ha digerido aquella píldora: la vuelta de las bases al Partido revelaba el increíble grado comatoso en se encontraba la organización. ¿Qué se quería? Algo muy sencillo: democracia interna.

En efecto, la elección de José Luis Rodríguez Zapatero marcó un primer esbozo de democracia interna. Sin embargo, tuvo un corolario perverso: "el que gana se lo lleva todo". Esto es, sus contrincantes quedaron reducidos a la insignificancia en la elección de la Ejecutiva. Tal vez se debió a que Bono, con ese inconmensurable aprecio que tiene de sí mismo, jugó al todo o nada. El hecho es que la democracia valió para la elección de candidatos pero posteriormente no para la toma de decisiones. Dicho de otra forma, la Ejecutiva era monolítica en torno al líder: no integraba en la toma de decisiones a las otras sensibilidades. Así pues, el Partido se deslizaba por una pendiente cada vez más presidencialista hasta que alcanzó su máxima cumbre cuando, del 9 al 10 de mayo de 2010, Rodríguez Zapatero, sin consultarlo con la organización ni con el grupo parlamentario, adoptó una serie de medidas que aún estamos pagando. ¿No hubiera sido más lógico que, al menos, hubiese convocado al grupo parlamentario para someter a debate semejante cambio de rumbo? Si no podía celebrarse un Comité Federal Extraordinario dada la urgencia de los hechos, ¿qué menos que reunir en el Congreso a los diputados y senadores con el fin de que valorasen el alcance de esas medidas? En suma, la mezcla entre el modelo presidencialista y la tenaza de la disciplina de partido provocó un mayor ahondamiento en el sentimiento de lejanía entre la cúpula y la militancia. Ya no era sólo que las bases no contaban sino también los propios cuadros del Partido.

Paradójicamente, en toda su trayectoria, Rodríguez Zapatero no había parado de hablar de las bondades de la "democracia deliberativa". ¡Menuda "deliberación"! A partir de ahí todo quedaba bien atado mediante el salvoconducto de la "responsabilidad". Comenzó a funcionar el engranaje diabólico de la responsabilidad: si disientes, eres un irresponsable porque das argumentos a la derecha y si, por el bien del Partido, callas, entonces eres responsable de tu silencio. En cualquier caso, siempre serás culpable. Cuando una organización entra en la lógica de que sólo caben la "lealtad" o la "salida" está firmando la sentencia de muerte de la democracia interna. Una institución de este tipo se transforma, según sea el carácter del líder político de turno, o bien en un cuartel o bien en una iglesia y sus militantes pasan a ser respectivamente reclutas o feligreses y, en el peor de los casos, reclutas feligreses (¡que también abundan!).

 Además de la lealtad y la salida, una organización para ser verdaderamente democrática tiene que garantizar la "voz", esto es, el disenso en sus propias filas. Democracia interna no es sino admitir la posibilidad y existencia del disenso en la estructura orgánica interna. Y que tales manifestaciones, si cuentan con un grado suficiente de apoyo, aunque sean minoritarias, no sean condenadas al ostracismo. La historia del Partido Socialista ofrece sobradas pruebas de que nadie está en posesión de la verdad absoluta (como en la Iglesia) ni tampoco funciona "manu militari" (como en el cuartel). En definitiva, ni reclutas ni feligreses, queremos ser ciudadanos fuera y dentro del Partido.

En consecuencia, es obligado repensar cómo se articula la democracia interna porque lo que es obvio es que las primarias (entendidas como un hombre, un voto) refuerzan el sentido de mayor participación para elegir candidatos (sea para secretario general, sea para el concurso electoral) pero, sin embargo, dejan muy en el aire el mecanismo que debe garantizar la integración orgánica de las distintas posiciones ideológicas. Y, por favor, que no se diga que ahora no es el momento de debatir estas cosas porque hay más de seis millones de parados. ¿Es que estamos gobernando o vamos a gobernar dentro de unos meses? Ahora no toca gobernar, lo que ahora toca es que arreglemos el follón interno. Democracia sí, pero cómo. Para elegir al líder es necesaria, pero insuficiente para que el partido de verdad se democratice. 

Carta abierta a los/las compañeros/as de Izquierda Socialista

Mario Salvatierra Saru   1 de marzo de 2013

Compañeros y compañeras:

Son muchos los temas que en estos momentos están provocando una profunda alarma social y que nosotros, como miembros de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista, inexorablemente tenemos que abordar. Tal vez nunca antes como ahora se están cuestionando tantas cosas a la vez y con una virulencia inusitada. Señalaré algunas de ellas y no por orden de importancia porque todas concurren conjuntamente y, aunque a primera vista no lo parezca, están interconectadas.

Europa ya no se vislumbra como una fuente de esperanza. En lo político, Europa carece de liderazgo como Unión de Estados dado que Alemania, único país europeo que funciona conforme a los intereses egoístas del Estado-Nación, en virtud de una estrategia maquiavélica de Ángela Merkel, juega a la ambigüedad calculada con gran rentabilidad para el poder económico germano y de nefastas consecuencias para la integración europea. En lo económico, la prevalencia del modelo neoliberal, austeridad más tijeretazo en el gasto social, está destrozando las coordenadas elementales para generar crecimiento y, en consecuencia, empleo. La mayoría de la población de la Europa del Sur percibe que estabilidad de la tecno-burocracia de la Comisión Europea y el bienestar de los mercados financieros, es decir, la tranquilidad de las élites políticas y económicas, acarrea la ruptura del modelo social europeo y el malestar de una ciudadanía desamparada.

Recientemente hubo elecciones en Italia y quien estuvo gobernando el país hasta hace unos días, Mario Monti, ha obtenido un pésimo resultado y, sin embargo, Europa del Norte le indica a los italianos que tienen que perseverar en las mismas políticas económicas de recorte. ¿Para qué hubo elecciones si en lo fundamental tienen que hacer lo mismo? ¿Para qué sirve la democracia? Hubo un tiempo en que hablábamos de las “promesas incumplidas” de la democracia, pero había promesas. Ahora estamos ante un nuevo dictado: “democracia sin promesas”.

En consecuencia, desde el mismo nódulo de Europa se está cuestionando los fundamentos de la democracia. Las bases de la democracia liberal se tambalean y esto no ocurre únicamente porque determinado país tenga un sistema electoral fallido o un sistema de partidos perverso, sino que se deriva de la hoja de ruta que se está diseñando en la Unión Europea: “elecciones sin políticas”. Quien gane – sea conservador, liberal, populista o socialdemócrata- tendrá que hacer lo mismo. Conclusión: Política es Destino.

Por si fuera poco, dentro de nuestras fronteras las cosas se agravan. La actual estructura territorial del Estado, que en su origen nació cuestionada, ya no da más de sí. De un lado, es una anomalía que en pleno siglo XXI subsistan “derechos históricos de los territorios forales” (Disposición Adicional Primera de la Constitución) de carácter predemocrático que, en lo que respecta al ordenamiento financiero, genera de hecho un sistema “confederal” suscitando, de ese modo, un sentimiento de agravio comparativo entre las distintas naciones y regiones de España. Puestos los privilegios en unos, es inevitable la pregunta de por qué nosotros no. Si de verdad ahora queremos hacer las cosas bien, esto es, modificar la Constitución en una situación de igualdad entre todos los participantes, entonces tendremos que reconocer que la Constitución de 1978 nació marcada por dos grandes sombras: el peso del régimen franquista en las Fuerzas Armadas del Estado y en gran parte del establishment económico y, de otra parte, las dentelladas de ETA contra la estabilidad nacional. Sin estos condicionantes internos no se puede entender la Constitución de 1978. Ello no quiere decir que desde el exterior no hubiera ninguna clase de condicionantes y que los intereses geopolíticos, por ejemplo, de Estados Unidos de América fuesen totalmente ajenos de lo que se estaba haciendo en España. De otro lado, si bien es verdad que el régimen autonómico implicó una descentralización administrativa del Estado, no es menos cierto que, en relación a los distintos niveles de autogobierno político y en lo relativo al reconocimiento de los hechos diferenciales culturales de las nacionalidades, ha encallado su camino hacia una construcción federal del Estado. Prueba de este truncado recorrido es el actual funcionamiento del Senado. Del agotamiento del modelo autonómico se sale con el federalismo. Es una quimera pensar que la crisis territorial se resuelve volviendo al centralismo o bien a un jacobinismo “a la española”, es decir, amputándole el recorrido histórico que ha tenido en Francia.

La unidad de España no se fortalece rechazando la heterogeneidad y diversidad de su contextura poblacional. Unidad no significa uniformidad ni tampoco igualdad significa identidad. Igualdad y diferencia: esta es la base para construir un proyecto común en el que no sólo podremos “conllevarnos” sino también “convivamos”. O reconocemos que España es una nación de naciones o terminaremos desgarrados por la fuerza centrípeta del nacionalismo españolista y la pulsión centrífuga del nacionalismo periférico. Ambos comparten la misma pretensión: a cada nación un Estado y a cada Estado una única nación. El nacionalismo se cimenta en la exclusión del otro y se alimenta con la exclusión de lo otro. Su cimiento y alimento es la exclusión.

El único remedio eficaz contra el nacionalismo es la integración y la inclusión. Es viable la España nación de naciones desde un sentimiento compartido de proyecto común y desde el máximo respeto al derecho a la diferencia que no diferencia de derechos. De lo contrario, más bien temprano que tarde, iremos al choque entre ambos nacionalismos. Y nosotros, socialistas, que somos absolutamente conscientes de que la historia de España no es unidimensional y que cargamos con gran parte del pozo de la memoria de los republicanos vencidos en la guerra civil, sabemos que en este tema no podemos quedar en tierra de nadie, atrapados entre banderas que no son las nuestras, y arrugados por la propia complejidad del desafío. Defender a España como nación no es ser españolista y tampoco defender a Cataluña como nación es ser nacionalista.

Por todo ello consideramos que es un error pensar que quienes defienden, desde una posición de izquierdas, el derecho a que en Cataluña haya una consulta sean sin más nacionalistas. ¿Es o no España un Estado plurinacional? Que el País Vasco y Cataluña son naciones –lo reconozca o no la Constitución- es un hecho. Obcecarse en negar el hecho a lo único que conduce es a radicalizar los extremos y a profundizar aún más en la división. Es lo que ha ocurrido en Cataluña con el tratamiento que ha dado el Tribunal Constitucional al Estatut. Guste o no, España es un Estado plurinacional y si la salida inteligente a este conflicto pasa por el federalismo, entonces hay que abordarlo desde un modelo de federalismo plurinacional y no desde el modelo decimonónico del federalismo nacional. Únicamente respetando a los distintos demos que configuran a España podremos librarnos del atolladero nacionalista. Los catalanes tienen derecho a decidir si quieren o no formar parte de España. Negarles ese derecho, en pleno siglo XXI, acentuará todavía más el sentimiento de independencia. Política es asumir riesgos y aceptar los desafíos. A nuestro juicio, lo mejor para Cataluña es que siga siendo parte de España y no que forme un todo aparte. Lo que ocurre es que, si no queremos que haya divorcio, entre las partes y el todo tiene que haber una nueva relación, esto es, un nuevo contrato. Y ese nuevo contrato pasa por asumir la cultura federal entre demos que tienen una profunda raigambre nacional. Sólo así, desde el reconocimiento y el respeto a las diversas realidades nacionales, saldremos de esta encrucijada.

Sin embargo, la profunda crisis que está afectando a nuestro incipiente Estado de bienestar hace que, por una parte, se recrudezcan los prejuicios nacionales de unos contra otros, de tal suerte que el malestar de unos se aprecie como producto del bienestar de otros o viceversa y, por otra parte, quebranta la fraternidad entre los ciudadanos porque aventa el credo de que la única posibilidad de salir adelante es sometiéndose a la lucha de todos contra todos: el excluido contra el parado que cobra prestación, éste contra quien tiene un empleo en precario, éste contra el trabajador fijo con derechos, éste contra los funcionarios y así sucesivamente. Los de abajo no se salvan de la quema: tener trabajo con derechos es un privilegio. A pie de tierra se impone el modelo chino o, en el mejor de los casos, el modelo brasilero. Pero, ¿qué ocurre con los de arriba?

El paradigma lo constituye la reciente visita a nuestro país de Mario Draghi. Mientras que miles de personas se manifiestan por los desahucios, miles claman contra el timo de las acciones preferentes y otras miles denuncian los recortes en sanidad, educación y políticas de igualdad, el presidente del Banco Central Europeo, artífice de la política del austericidio, es blindado en el Parlamento de tal manera que su intervención se realiza a puerta cerrada, cual si fuera un Rey celestial que no puede oír los gritos de la masa indignada. Esto es, los de arriba, quienes han provocado la crisis, se van de rositas. En definitiva, quieren hacernos creer que la crisis, el vaciamiento de las arcas del Estado, es producto de haber vivido por encima de nuestras posibilidades y de unos políticos que, inspirados en el cortoplacismo electoral, auspiciaron un consumismo irrefrenable con tal de mantenerse en la poltrona.

En gran medida, han conseguido librarse de toda responsabilidad cargando el peso de la culpa exclusivamente en los políticos. Degradando a los políticos consiguen, a su vez, destrozar la política, es decir, el control democrático de la economía. El objetivo es bien claro: liberar a la economía de la política. Es el viejo anhelo del neoliberalismo: hacer que la economía escape de cualquier control político. Ocurre, no obstante, que mucha gente ya cree en este infundio. De ser una idea ha pasado a ser una creencia: ha calado el tópico de que todos los políticos son iguales y que lo mejor que puede ocurrir es que se vayan todos. Probablemente no todos se irán y los que se queden sean los peores: los populistas. Nacionalismo y populismo son las respuestas inmediatas a los actuales desafíos de la globalización económico-financiera. Y ambos tienen un poderoso atractivo: la fuerza de la emoción irracional.

Asimismo, muchas personas parecen haber llegado a la siguiente conclusión: PSOE-PP, la misma mierda es. No habría, por tanto, diferencia entre la derecha y la izquierda o, mejor dicho, el PSOE es de derechas. De tanto pactar con el capitalismo la socialdemocracia habría llegado al final de su ciclo político. Son muchos quienes, desde una posición de izquierda radical, piensan que ha llegado la hora de enterrar a la socialdemocracia e iniciar la andadura de la nueva izquierda. No cabe duda de que la socialdemocracia española y, sobre todo, la europea tienen que repensarse e incluso tal vez refundarse, pero de ahí a afirmar que están muertas hay un largo trecho.

Nuestro dilema no es o el PASOK o Syriza, ni tampoco o el PSOE o la calle. Estos son falsos dilemas. No tiene sentido político la protesta sin propuesta. ¿Propone la izquierda radical acabar con el capitalismo? ¿Propone la izquierda radical que Cataluña sea un Estado independiente? ¿O más bien tenemos que pensar que, en lo relativo a la economía, la izquierda radical se mueve en los parámetros de la socialdemocracia clásica? Aquella socialdemocracia que ellos, en la primera mitad del siglo pasado, criticaban por no haber dado el salto hacia el comunismo traicionando así a la clase obrera. Es decir, para la izquierda radical lo que antes era malo ahora es lo mejor. Y, en lo que respecta a la cuestión de las identidades, la izquierda radical apoya el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, pero ¿decidir qué?, ¿una Cataluña independiente fuera de España pero no de Europa? ¿Qué es lo que van a decir? Aún no lo sabemos. A diferencia de otros países europeos, España padece, además de los conflictos de clases, un combate de identidades. Y esto no se resuelve pensando que si superamos el conflicto de clases, disolvemos los antagonismos de las identidades. Para bien o para mal, la realidad española es mucho más compleja.

Por otra parte, no hay duda de que las diferentes mareas (verdes, blancas, negras, etc.) que se manifiestan en la calle están cargadas de razón. El Partido Popular ha adoptado una estrategia virulenta: el que resiste gana. Primero denigra a los propios actores de las mareas y luego a sus representantes sindicales. El mensaje es nítido: el PP no negocia. Hubo una manifestación masiva de mineros, otra de docentes, otra de personal sanitario y muchas más. Hasta ahora ninguna de ellas ha logrado doblarle el pulso al gobierno de Mariano Rajoy y, en consecuencia, se ha instalado la percepción general de que los sindicatos ya son incapaces de cumplir su función mediadora. A ello tenemos que sumarle la brutal campaña de los medios de comunicación contra los sindicatos. Se trata de deslegitimar a la única fuerza creíble que le queda a la clase trabajadora. La campaña de desprestigio llega al extremo de llamar a los liberados sindicales “los aristócratas” de la clase obrera. Para la élite económica tener un trabajo decente, con derechos, es moralmente indecente.

Decíamos que la protesta sin propuesta no es política. Y esto es lo que ha ocurrido con el movimiento Wall Street: después de intensas jornadas de protestas ha quedado en nada. Y todo porque su fin se consumía en la mera representación callejera: se disolvió porque agotaron la protesta en la representación. La representación por la representación en sí misma no conduce a nada. O peor incluso, desemboca en la antipolítica. Es decir, se pasa del sentimiento de indignación al del fracaso y de ahí a la frustración y, por último, a la resignación. Nosotros, los socialistas, no podemos permitirnos semejante desenlace. Es imprescindible, entonces, hacer propuestas y hacernos cargo de que la vamos a cumplir. Ya no cabe un Parlamento a medias, que en raras ocasiones delibera de verdad, y jamás libera a la población de la opresión y de la dominación. Queremos que el Parlamento delibere y libere a los ciudadanos. Un Parlamento enjaulado representa la jaula del oprobio: incapaz de liberarse del corsé económico que impone el capitalismo financiero.

El tema que tenemos que dilucidar, compañeras y compañeros, es quién o quiénes canalizan el profundo malestar de la ciudadanía. Parece evidente que el PSOE por si solo ni puede ni podrá encausar todas estas marejadas de protestas. Es más, el peligro que corre el PSOE es que pase a ser un partido irrelevante. A mi juicio, tres son las posibilidades que tenemos por delante: o el PSOE permanece atenazado por la responsabilidad de supeditarse a los dictados de los eurócratas sin dar un giro que rectifique el sendero emprendido, lo cual le llevará a terminar como el PASOK, o cambia de marcha o bien para promover una corrección al actual modelo del euro, o bien para romper con la moneda común. La solución no pasa por asumir el enorme sacrificio social que nos demanda la eurozona ni tampoco, por ahora, por romper con el euro. Necesitamos, en mi opinión, profundizar en el cambio de escenario: tratar de conseguir, junto a otras fuerzas políticas de izquierdas, con los sindicatos de clases, las distintas plataformas ciudadanas, la Confederación Europea de Sindicatos, etc., volver a recuperar el modelo social europeo. Esta es nuestra carta y también la manera de abordar el debate de manera madura y constructiva. Que esta es una tarea difícil, seguro; pero más vale tener un horizonte adelante que quedarnos en el vacío del nihilismo postmoderno.

No obstante, nada de lo dicho hasta aquí se podrá hacer si no se produce una profunda renovación en el seno del PSOE. Tal vez no sea suficiente cambiar de liderazgo y, con él, de proyecto para recobrar la credibilidad perdida. Pero, sin duda alguna, esta es una condición necesaria para afrontar los retos que tenemos por delante.

P.D. Como esta es una “carta abierta” que invita a la reflexión y al debate, me gustaría que cualquier comentario a ella me lo dirijáis a mi correo electrónico:  msalvatierra@asambleamadrid.es